Justicia que tarda, no es justicia. Esta madrugada, cerca a las 3.30 de la mañana, concluyó la lectura de sentencia del caso Los Cabitos, tras más de siete horas de audiencia y 12 años de proceso. Así, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial emitió su condenó a los militares acusados de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas en Ayacucho en 1983.
La diligencia, que estaba prevista para el miércoles de esta semana, se postergó para el jueves a partir de las seis de la tarde. "¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando justicia? En 1983 detuvieron a mi esposo, lo llevaron al cuartel (Los Cabitos) y hasta ahora no sé nada de él", se preguntó Sergia Flores, indignada y con lágrimas en los ojos, tras conocer la noticia.
La principal causa de esa decisión fue que los magistrados hasta ese momento no se habían puesto de acuerdo con el fallo. La fiscal del caso, Luz Ibáñez, había solicitado 33 años de cárcel para los procesados por su responsabilidad en las desapariciones de 53 personas.
Pero este viernes, Pedro Edgar Paz Avendaño, quien fuera el jefe de inteligencia en el destacamento de la llamada Casa Rosada de Ayacucho fue condenado a 23 años de cárcel, luego de que la sala lo halló responsable, como autor mediato, de la muerte de Luis Barrientos Taco y de la desaparición de Arquímedes Ascarza y otros. Fue declarado reo contumaz y se ordenó su captura.
Humberto Bari Orbegoso Talavera, quien fue el jefe de cuartel Los Cabitos, recibió una condena mayor: 30 años de cárcel y fue declarado reo contumaz, debido a que tampoco estuvo en la lectura de sentencia. Estaba requerido por la justicia peruana y también es acusado por la matanza en Umasi de octubre de 1983.
La sala además consideró al Estado peruano como tercero civilmente responsable, debido a que los militares sentenciados actuaron por orden superior del Ejército peruano. Así, el colegiado ordenó que los deudos de Luis Barrientos Taco reciban S/. 250 mil como reparación civil; para los familiares de los desaparecidos el pago será de S/. 200 mil; y se abonará S/. 150 mil para las personas torturadas en el cuartel Los Cabitos en 1983.
La resolución judicial del caso establece que se reserve la sentencia contra el jefe de Estado Mayor Operativo, Carlos Millones D’estefano, por temas de salud mental, y del excomandante Carlos Briceño. Ambos serán evaluados cada nueve meses.
En tanto, la sala decidió absolver al coronel EP (r) Roberto Saldaña Vásquez, jefe del Estado Mayor Administrativo, por tener insuficientes pruebas en su contra. El Ministerio Público apeló este acápite del fallo. "Por no hacer más que consagrara la impunidad en este caso de violaciones de Derechos Humanos y crímenes contra la humanidad", alegó la fiscal Luz Ibañez en la audiencia.
Reacciones
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), saludó que se haya dictado sentencia sobre uno de los casos más "emblemáticos" de la época del conflicto armado interno, aunque cuestionó el tiempo transcurrido para que ello ocurra, así como algunos puntos de la sentencia.
Destacó, por ejemplo, que el fallo reconozca que lo que hubo en esa época por parte de los agentes del Estado fue una táctica contrasubversiva que tuvo que ver con violaciones a los derechos humanos."Es una sentencia que reconoce que lo que se hizo en Ayacucho fue una política de detenciones y desapariciones" , indicó la abogada en Ideeleradio, tras subrayar también que la sentencia haya admitido que se construyó dentro del cuartel un horno donde se quemaron los cuerpos de los detenidos.
Cano cuestionó que el fallo señale que algunos de los implicados en el caso ya no estén obligados a dar información sobre el paradero de los desaparecidos, porque dejaron de ser funcionarios hace casi tres décadas, porque —alegó— contraviene lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que el Perú está suscrito, sobre estos casos.
"Es un avance que un caso tan emblemático haya sido por fin sancionado después de tantos años de proceso judicial, pero deja muchas heridas, tiene que haber una forma para que el Poder Judicial agilice estos procesos", agregó, al comentar que varios de los acusados incluso fallecieron en este largo tiempo que pasó, sin haber sido juzgados por sus crímenes.
Adelina García, cuyo esposo Zózimo Tenorio Prado fue desaparecido por los militares en 1983, se mostró en contra del fallo, porque solo se condenó a dos de los cinco acusado por este caso.
"No estoy conforme porque han absuelto a la mayoría. La justicia debería ser digna para nosotros, no un poquito para calmar. Luego de 34 años están cometiendo una impunidad más", señaló la también dirigente de la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, organización que en 1983 fundó Angélica Ascarza, luego de que su hijo Arquímedes Mendoza Ascarza fue detenido y llevado a Los Cabitos, de donde nunca más salió.
DATOS
► El Informe Final de la CVR da cuenta de los testimonios de los deudos de quienes fueron secuestrados durante el periodo 1983-1985, y llevados al cuartel Los Cabitos en Huamanga, Ayacucho, de donde nunca salieron. Fueron considerados simplemente como "desaparecidos".
► La fiscalía a cargo del caso descubrió al menos 109 restos humanos, amarrados, torturados y asesinados, en varias fosas comunes al interior de ese destacamento militar. Y también residuos de un horno que presumiblemente habría sido utilizado para incinerar otros cadáveres
[Foto de cabecera: @jfowks]
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