Doce años de proceso judicial y más de 30 de lucha. En la familia de Arquímedes Ascarza Mendoza reposan sensaciones encontradas, contradictorias, tras la lectura de la sentencia que condena a penas de entre 23 y 30 años a los responsables de la tortura y desaparición forzada de 53 personas en Ayacucho en 1983. Uno de ellos fue Arquímedes. Él fue llevado al cuartel Los Cabitos. Nunca más se le volvió a ver.
Por ese entonces tenía 18. Su madre, Angélica Mendoza de Ascarza (Mamá Angélica) contó -en un testimonio público para la Comisión de la Verdad y Reconciliación- que a su hijo le gustaba tocar la guitarra. Quería, además, ser policía.
"Sinceramente, tanto mi familia como yo, quisiéramos ver a los culpables en cadena perpetua. Lo que han hecho es inhumano. Mi hermano era joven. Se hubiera convertido en profesional. Hubiera ayudado a sus padres y a su comunidad", dice indignada Carmen Mendoza, hija de 'Mamá Angélica'.
Su hermana Ana Ascarza, si bien se alegra que los responsables vayan a la cárcel, no puede ocultar el dolor que significa no saber dónde está su hermano. "Queremos saber dónde está. Si está enterrado en un lugar", dice.
No ha sido fácil llegar a la sentencia que tardó 7 horas en ser leída y que terminó esta madrugada. A Mendoza de Ascarza la persiguieron e incluso la acusaron de prosenderista. Pero Mamá Angélica, poco después del secuestro de su hijo, fundó con otras mujeres la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), un grupo fundamental en la lucha por los derechos humanos. "Ellas [las mujeres miembros] han estado unidas y han salido a luchar. Han sufrido mucho por eso", dice Carmen. Y ante la persecución del gobierno de Alberto Fujimori, Mendoza de Arcaza se plantó firme. "Acá no me van a humillar ni callar la boca. Mientras viva, hasta encontrarlo, voy a luchar", fueron sus palabras.
Y esa pelea continúa. La sentencia del caso Los Cabitos ha sentado un precedente para todos los familiares de los desaparecidos durante la época del terrorismo. "No se rindan. Sí es posible alcanzar una justicia real", sintetiza Ana. No es fácil ciertamente, a veces el tiempo gana. "En el Anfasep hay personas mayores que han fallecido en espera de justicia", detalla.
No a la impunidad
Tanto Carmen como Ana rechazan que Carlos Millones D’estefano, exjefe del Estado Mayor Operativo, y el excomandante Carlos Briceño hayan alegado problemas de salud mental, lo cual generó que se les reserve su sentencia (ambos serán evaluados cada nueve meses).
"Eso es mentira. Una patraña para poder salir del caso. Ello sabían lo que hacían. Eran personas que tenían capacidad de pensamiento. Deben pagar", recalca Ana.
[Foto de portada: Andina (prendas halladas en fosas clandestinas para su identificación)]
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