En julio pasado, Odebrecht —empresa brasileña que admitió haber pagado coimas a funcionarios en Perú por US$29 millones para adjudicarse obras públicas— envío un exhorto al Gobierno peruano para solicitar un "trato directo" con el objetivo de llegar a "un acuerdo amistoso" respecto a sus diferencias —embargo de cuentas y activos, la anulación del contrato del gasoducto sur y el Decreto de Urgencia 003—, antes de "iniciar cualquier acción legal" en el extranjero.
Pero en el Ejecutivo adelantaron que esa negociación —cuyo plazo vence aún el próximo 25 de noviembre— no se dará, según reveló El Comercio este miércoles, que cita a "altos funcionarios del Gobierno". "Nos preparamos para defender al Estado ante un arbitraje internacional", refirió una de la fuentes consultadas.
Incluso, esta misma semana, el premier Fernando Zavala defendió en el Congreso el D.U. 003-2017, que fija restricciones para la venta de activos de empresas que han sido condenadas por corrupción o las que admitieron estos delitos —como Odebrecht—, las cuales además quedan impedidas de contratar con el Estado.
De hecho, agrega el el citado medio, la comisión que representa al Estado en controversias internacionales ya seleccionó al estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para que defienda al Perú en este caso.
El trato directo que plantearon al Ejecutivo las subsidiarias de la constructora — Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L.—se ampara en el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y Luxemburgo, país en el cual ambas subsidiarias están constituidas, y busca que las partes intenten solucionar la disputa a través de una negociación por un lapso de seis meses.
Si no hay acuerdo, el arbitraje internacional es el siguiente paso. Puede ser a través del Centro Internacional para Solución de Disputas de Inversión —el Ciadi— o de un tribunal arbitral ad hoc.
Hay un antecedente negativo para Odebrecht, de febrero de este año, cuando el Ciadi rechazó una demanda de la constructora brasileña en contra del Gobierno Regional de La Libertad, por la resolución del contrato del proyecto Chavimochic. ¿La razón? La demandante pertenecía a "personas jurídicas cuya nacionalidad [brasileña] no es parte del convenio Ciadi", según se señalaba en la notificación oficial.
Y aunque las subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L. están constituidas en Luxemburgo y no en Brasil, eso no implica que la demanda vaya a ser admitida, explicó Fernando Cantuarias, experto en arbitrajes y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. "El Ciadi deberá ponderar el hecho de que los capitales de la empresa son brasileños. En cualquier caso, sea en el Ciadi o en un tribunal ad hoc, no veo posibilidad de que el Estado Peruano pierda", dijo a El Comercio.
La información trasciende en momentos en que el actual director de Odebrecht en Perú, Mauricio Cruz, confirmó que la empresa solo quiere pagar US$60 millones por reparación civil y seguir operando en el país. El ejecutivo alegó que ese monto ese el doble que de han admitido en sobornos, pero los pagos ilícitos que hizo la constructora en el Perú —sin contar los montos que destinó para financiamiento de campañas políticas— serían superiores a esos US$29 millones.
[Imagen de cabecera: trome.pe]
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