Los desencuentros de la Procuraduría no han sido solo con el Ejecutivo. La posición asumida por la ex procuradora ad hoc Katherine Ampuero, de no lograr definir el monto de la reparación civil que debería pagar Odebrecht y de poner en riesgo la continuidad de proyectos como Olmos en los que la empresa brasileña tiene participación, también generó roces y tensiones con el Ministerio Público, desde que se dio a conocer el preacuerdo de colaboración que suscribieron el fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo especial que ve el caso Lava Jato, y la constructora en mención.

Dentro de esta casi nula coordinación entre la procuraduría y Ministerio Público, el equipo especial que investiga del caso Lava Jato en Perú —en casi seis meses de trabajo— ha logrado identificar 2.000 movimientos de salida y entrada de dinero y embargar 60 cuentas bancarias implicadas en la trama de corrupción. Asimismo, se ha identificado 60 empresas offshore en Andorra, Reino Unido, Suiza y Hong Kong, informó este jueves el Ministerio Público.

Si bien el preacuerdo de colaboración suscrito con Odebrecht no es público por mandato de la Ley de Colaboración con la Justicia, se sabe que la constructora brasileña se ha comprometido a entregar información que permita identificar y juzgar a los funcionarios involucrados en actos de corrupción, rastrear cuentas, recuperar activos y sentarse a negociar una reparación civil con la procuraduría.

Sin embargo, esta negociación quedó estancada porque el mismo acuerdo evita que la constructora y sus representantes sean perseguidos penalmente en el Perú, según dijo Ampuero al comentar su destitución. En respuesta, la Fiscalía enfatizó que nunca se le ofreció a Marcelo Odebrecht ni al ex representante de la empresa en Perú, Jorge Barata, que no se le embargarían sus cuentas bancarias o bienes, pues eso no está dentro de las competencias del Ministerio Público.

Fuentes de La República señalaron que la fiscalía cumplió con informar a la ahora ex presidenta de la Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, y al procurador anticorrupción, Amado Enco, que la empresa estaba obligada a sentarse a negociar el pago de la reparación civil. Esto —recalcaron— era lo que tenía que hacer la exprocuradora katherine Ampuero. Mientras la procuraduría no acuerde una reparación civil con la constructora brasileña, el tema quedará en manos del Poder Judicial.

En tanto, el Ministerio Público ha informado que el Equipo Especial del caso Lava Jato tiene en proceso una investigación referida al sonado caso del "Club de la Construcción" o "Club de los 30", que todavía no son de conocimiento público. Asimismo, mencionaron la posibilidad de llegar a un preacuerdo con una nueva empresa relacionada en el caso Lava Jato.

(Foto de cabecera: La República)

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