El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, ya están recluidos en los penales de la Diroes y Virgen de Fátima, respectivamente, en donde cumplirán, bajo un régimen especial, en principio, los 18 meses de prisión preventiva que el juez Richard Concepción les dictó a pedido de la fiscalía, en el marco del proceso por lavado de activos que se les sigue, en medio de la expectativa que ha generado la apelación que presentarán para intentar cambiar su situación judicial.

Es una carrera contra el reloj la que ahora tienen por delante Julio César Espinoza —abogado de Humala—, y Wilfredo Pedraza —defensor de Heredia—, porque tienen hasta el martes para sustentar por escrito los argumentos con que buscan revertir el mandato de prisión preventiva ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que integran los jueces César Sahuanay, María León e Iván Quispe, quienes se pueden demorar entre nueve días y dos semanas para tomar una decisión final.

Espinoza y pedraza en la adiencia del jueves en que se dictó prisión preventiva para humala y heredia.  (El comercio)

Pero, ¿qué tan factible es que puedan lograrlo? El fallo del juez Concepción ha sido muy cuestionado por expertos y juristas que sostienen que la prisión preventiva es una medida extrema que no se justificaba, porque en la resolución no se acredita con claridad el peligro de fuga de la pareja.

"Está tranquilo, muy pendiente de la situación. No tiene acceso a ningún medio de comunicación. Pero está tranquilo, esperando que la sala revoque esta resolución. Y confiando en la decisión de la sala de apelaciones, que estamos completamente seguros va a revocar una decisión que desde el punto de vista procesal y de justicia es abusiva", declaró este sábado Alberto Otárola, otro de los abogados de Humala, tras la visitarlo en su celda de la Diroes, donde está también recluido el expresidente Alberto Fujimori.

Para el abogado penalista Carlos Caro la resolución de prisión preventiva es "ambivalente", según lo cita El Comercio.

"En el primer elemento para (dictar) prisión preventiva, que es la prueba suficiente y la pena elevada, no hay mucho que discutir. Hay prueba suficiente, la pena es elevada y eso más bien debería implicar que el caso pase a juicio para que se determine si son culpables o inocentes. Ahora, el tema de peligro procesal es al que más interpretaciones se le puede dar. No olvidemos que ambos han cumplido con las normas de conducta que se les impusieron, no han violado esas reglas".

El exfiscal Avelino Guillén, le dijo a Perú21 que el fallo es es severo, pero ajustado a derecho, porque el juez Concepción Carhuancho explicó de manera conveniente las tres exigencias que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal para que proceda la prisión preventiva.

"Hay graves elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos que se le atribuyen (lavado de activos y asociación ilícita): la penalidad elevada y el peligro procesal a nivel fiscal (...) El elemento determinante han sido los audios que el fiscal ha incorporado al proceso (caso Madre Mía). Son interceptaciones telefónicas legales donde se determina la compra de testigos. Para Concepción Carhuancho, esa conducta revela un peligro procesal. En el caso de Heredia el hecho de que haya dado tantas versiones sobre sus agendas, el querer disfrazar su letra en la pericia grafotécnica y la negativa de su relación con la empresa venezolana Kaysamak va en su contra".

Pero el fallo también tiene puntos débiles, según el abogado penalista Luis Lamas, quien mencionó los audios de Madre Mía y el contrato con la FAO de Heredia. 

"Por ejemplo, los audios de Madre Mía, que han sido parte de otro proceso. Pero en el Caso Madre Mía, tengo entendido que la Corte Suprema desestimó el proceso porque no encontró elementos para pronunciarse. Entonces, cómo es que tomas unos audios de un proceso que ya fue archivado y lo revives y le vuelves a dar total validez. Otro punto cuestionable es la contratación de Heredia en la FAO. ¿Cómo puede decir el juez que fue fraudulenta? ¿Qué evidencias tiene? ¿Acaso ha ido a investigar a la FAO o hubo un juez que haya dicho que es un proceso fraudulento?".

¿Tendrá éxito la apelación? Nada esta dicho, sostiene Guillén, quien espero que la Sala Superior actúe con absoluta objetividad e imparcialidad. "La mayoría de gente que se involucra en política en Perú lo hace con la única finalidad de obtener ganancias ilícitas en un plazo breve. No hay compromiso de servir a la sociedad", dijo en alusión a la situación de Humala y Heredia. 

Agregó que para evitar suspicacias, el fiscal del Germán Juárez debe terminar con las investigaciones y presentar la acusación. "Su investigación tiene más de 30 meses. Tiene que llevar el caso a la segunda etapa: al juzgamiento", subrayó.

"Todos los presidentes vivos que tiene Perú están de alguna forma comprometidos con actos de corrupción. Es una vergüenza internacional y es un duro golpe para la imagen del Perú", agregó Guillén.

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