El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (71) fue condenado a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del tríplex del Guarujá por el juez Sergio Moro de la 13ª Vara Federal de Curitiba. La sentencia dispone, además, la prohibición de ejercer cargos públicos durante 19 años, lo cual le impediría volver a postular a la presidencia en las elecciones de 2018 como candidato de su Partido de los Trabajadores (PT).
Tras las recientes declaraciones de los testigos Léo Pinheiro y Renato Duque, quienes dijeron que Lula habría ordenado la destrucción de pruebas, el juez pudo emitir la resolución en contra del exmandatario brasileño. Sin embargo, podrá apelar a esta orden en libertad.
"Al igual que ese comportamiento con los episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas, hasta cabría plantear la ordenación de la prisión preventiva del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero considerando que la prisión cautelar de un expresidente no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde el juzgamiento de la Corte de Apelación antes de que se produzcan las consecuencias propias de la condena. Así, el expresidente podrá presentar su apelación en libertad", señaló Moro.
Da Silva es acusado de aceptar una lujosa mansión de una empresa en la costa de San Pablo (Guarujá), a cambio de favorecerla en sus negocios con Petrobras.
Por su parte, el procurador del Ministerio Público Federal, Deltan Dallagnol, refirió en una entrevista que el expresidente es "el comandante máximo" de los crímenes de corrupción y lavado de dinero de la operación Lava Jato.
En libertad
La sentencia debe ser ratificada en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, el cual tendrá un plazo de un año y medio para revisar el fallo de Moro. Mientras ello no ocurra, Lula no irá preso y tampoco está impedido de participar en las próximas elecciones presidenciales de 2018. Dicho sea de paso, su intención de voto es alta y encabeza los sondeos políticos brasileños. Por esto último, sus partidarios consideran que de ir a prisión, Lula sería un preso político. "No hay pruebas de que sea culpable", aseguran.
Al cabo del periodo de evaluación, si el tribunal ratifica la sentencia, Lula quedaría inhabilitado para presentarse como candidato a un cargo electivo. Es entonces cuando podría pedir una decisión cautelar que lo habilite a ser candidato hasta que su caso sea revisado por el Superior Tribunal de Justicia o el Supremo Tribunal Federal.
