El caso Tumán es el emblema del descontrol y la crisis judicial que afecta al país. Las grandes cifras que se mueven en el mercado azucarero han determinado no solo una encarnizada lucha entre empresas rivales que se disputan el manejo de las haciendas sino una disputa en los juzgados plagada de fallos irregulares e indicios de corrupción. 

Junto a Tumán, casos como los de Pomalca, Cayaltí, Pucalá y otros han desfilado por los fueros de justicia sin resultados concretos y dejando una estela de duda sobre la actuación de los jueces.

Por eso, los procesos que involucran a los administradores del lucrativo negocio azucarero son los más quejados ante la OCMA ( al 2016 había más de 160 denuncias presentadas) y varias de las decisiones judiciales están en plena investigación para descartar irregularidades o inconductas funcionales de los jueces a cargo.

Una mirada a la producción de azúcar y su participación en el mercado el mercado peruano, permite reconocer a claros protagonistas y marcados oponentes.

En el caso del Grupo Oviedo, que posee el 20% de acciones en Pomalca y 22% en Tumán, la siuación de inestabilidad dura ya 24 años.

Con sus 8,500 hectáreas de caña de azúcar y alrededor de 2.500 mil trabajadores, la azucarera Tumán es una de las más productivas de la zona. El Grupo Oviedo, tras un accidentado proceso, asumió la administración judicial en el 2005.

En 2014, se puso fin a la administración judicial que durante ese año, permitió que la empresa facturara S/112 millones anuales  y su producción de azúcar alcanzara cerca de 7 mil bolsas diarias.

En abril del 2015, el Grupo Oviedo perdió el control de la empresa mediante una medida cautelar promovida por grupos rivales. La Corte Superior de Lambayeque declaró la medida cautelar inválida y ordenó que se revierta la situación.

Desde entonces se ha dictado un carrusel de medidas cautelares incluso recurriendo a jurisdicciones judiciales distintas a Lambayeque. En cuestión de 24 meses, la azucarera tuvo ocho administradores como resultado de dictámenes marcadamente prevaricadores.

En abril de 2017 una medida cautelar dictada fuera de la jurisdicción de Lambayeque ( en Bongará, Amazonas) otorgó la administración judicial a dos representantes ajenos al grupo Oviedo. La medida no duró por mucho tiempo pues el 25 de abril se reinstaló en Tumán la administración Cabrejos Becerril, conforme a lo dispuesto por la jueza Fabián Palomino.

Desde entonces el cruce de acusaciones entre los representantes de la administración Oviedo y los trabajadores no ha cesado. Estos últimos se declararon en desobediencia civil y la crispación social va en aumento. El resultado de los disturbios registrados en los últimos días ya da cuenta de varios heridos y ocho detenidos.

El pasado 13 de junio se declaró la zona de Tumán en emergencia por un lapso de 30 días, una medida que ha sido tomada por los habitantes como un claro beneficio a los Oviedo y ha generado protestas reiteradas desde varios frentes. Si la situación permanece como hasta ahora el futuro del negocio peligra.

Para analizar el estado de la cuestión y las posibles soluciones, LaMula.pe convocó a tres especialistas -el analista político Juan Carlos Valdivia, el economista Carlos Anderson y el presidente de la ONG ProJusticia, Fernando O'phelan- para comentar y ensayar propuestas.

"La forma de administrar, de organizar la industria azucarera en el Perú son de hace un siglo. Mientras no tengamos una industria organizada de manera moderna, donde la propiedad esté claramente establecida, que permita la incorporación de capital privado serio y la incorporación de tecnología, y además una transformación de la industria, las azucareras están perdidas. Hablar de Tumán es hablar del Perú", dice Anderson.

"Los mayores deudores de la Sunat son las empresas azucareras... En los últimos 20 años las azucareras en Lambayeque han quedado en manos de asaltantes que, usando el Poder Judicial y el poder político, se mantienen a la cabeza", afirma Valdivia. 


Este fue el conversatorio: