En Bolivia, alrededor de 240 niñas dan a luz a diario. La mayoría son producto del abuso perpetrado por sus propios padres o algún pariente cercano. Ésta es la fotografía de una situación que se repite en Perú, donde además del alto índice de embarazo adolescente, se registran 66 nacimientos de fetos con anencefalia, según organizaciones como Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) y Católicas por el derecho a decidir.  

La alternativa para evitar ese patrón que somete a las mujeres a situaciones injustas y que vulneran la dignidad del ser humano, existe el aborto terapéutico que,  aquí, es legal desde 1924. Hoy, esta ley que lo ampara está en peligro y podría significar un grave daño a los derechos de las mujeres y adolescentes que pudieran quedar embarazadas tras ser violadas sexualmente. Es por eso que la sociedad civil viene exigiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que programe una audiencia para alertar sobre la injerencia político religiosa que impide despenalizar el aborto en países de nuestra región.

"Las posturas que vemos son incoherentes con la realidad. Quienes están en contra son movimientos con mucho poder económico y político y que lo hacen es justamente traducir esta realidad en la mayor culpa para la mujer. La mujer, frente a la culpa de no poder tomar una decisión, tiene que suponer una postura de darle derechos al no nacido", precisó Tania Nava, vocera de Católicas por el derecho a decidir en Bolivia a LaMula.pe.

La lucha por preservar el derecho de las mujeres a elegir libremente sobre la maternidad es un denominador común en varios países de la región. En el Perú, la oposición tiene diversos frentes y es es más persistente que en Bolivia, que ha logrado para sus 10 millones de habitantes, algunos avances que lo ponen unos pasos delante frente a los 80 mil abortos clandestinos que se reportan al año.

"Lo que hay que decirle a este tipo de legisladores es que documentos jurídicos a nivel mundial como los de los comités de Naciones Unidas, han ordenado a la mayoría de países que las leyes tienen que contemplar mejores canales para la despenalización del aborto. Existe la necesidad de entender la vida y darle, desde los estados, mayor protección a aquella vida que tenga un mayor desarrollo", agrega Nava.

Un muestra de esta tenaz resistencia se puso de manifiesto hace 10 meses, cuando uno de los congresistas en contra del derecho a decidir sobre la maternidad, Yonhy Lescano del partido Acción Popular (AP), presentó su Proyecto de Ley N° 211/2016-CR que regula el nacimiento confidencial y ampara al expósito. 

Éste contempla en el artículo 4 que las madres que no deseen criar a sus hijos por diferentes razones, den en adopción a los neonatos, pese al riesgo en la salud física y mental y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, incluso tras una violación.

“Este proyecto de ley de Lescano atenta los derechos humanos porque no se prioriza la integridad de la niña ni el plan para su vida y pleno desarrollo”, dice María Ysabel Cedano, directora de DEMUS.

En esa lucha a favor de la igualdad de género, por los derechos reproductivos y sexuales es que activistas y representantes de diferentes organizaciones sociales como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Movimiento Manuela Ramos, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas y otras organizaciones internacionales se reunieron el miércoles 5 a las 6 de la tarde en Centro de Formación de la Superintendencia de Banca y Seguros para llevar a cabo la audiencia temática “Derecho a la vida y el derecho a decidir de las mujeres en Bolivia y Perú” y al terminar, realizaron una performace.

Las campañas de difusión y sensibilización sobre esta problemática salubre continuará ya que las menores de edad son quienes engrosan las tasas de delitos sexuales. Por ende, son ellas las que más padecen por la falta de políticas de estado como lo es la inclusión de una adecuada educación sexual desde la niñez en los colegios a nivel nacional, por ejemplo.

“Buscan reconocer derechos absolutos del niño por nacer. Con lo que pone en tela de juicio la legalidad el aborto terapéutico. ¿Qué opción va a tener esa niña? Para el congresista Lescano la opción que tendrían es que la niña de a luz, lo inscriba en el registro y luego lo deje en una cunita que estaría en los hospitales”, comenta la directora de DEMUS.

Este proyecto, paradójicamente está en manos de la Comisión de justicia de derechos humanos que preside el legislador Salvador Heresi, de Peruanos por el Kambio (PPK). Es decir, cerramos el primer periodo de la legislatura con un Congreso de la República que encierra la idea de que la única alternativa para las víctimas embarazadas producto de una violación sexual es que sufran la violencia psicológica y también por parte del gobierno, según el protocolo que menciona Cedano. 

“La opción es que sufran por esas tres causales (dar a luz, inscribirlo y darlo en adopción), por el trato cruel inhumano que les da el Estado y que además es degradante. Este proyecto es una barbaridad política y antitécnica por donde se le vea”, resalta Maria Ysabel.

Ser madre por convicción es una elección, pero en nuestro país, una imposición. De aprobarse este proyecto, las menores de edad embarazadas no tendrían otra opción que asumir los nueve meses de gestación. El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Bolivia es el país con la tasa más alta de denuncias de delitos violación sexual, el segundo lugar lo ocupa Perú.

Los estudios realizados arrojan que 7 de cada 10 adolescentes embarazadas entre los 15 y 19 años no desean ser madres. Mientras que en nuestro territorio, a diario, cuatro niñas se convierten en madres, la mayoría por casos de violación. Se estima que 40 adolescentes mueren al año por complicaciones con la gestación y el parto, por su prematura edad para ser madres. En ese sentido, la sociedad civil se encuentra a la espera de poder sesionar públicamente frente a la CIDH en Uruguay para que se emita un pronunciamiento en el que se alerte a los estados a respetar los derechos de las mujeres.

[Cámara y Edición: Patricio Lagos]

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