La procuradora antidrogas del Ministerio Público desde hace 15 años, Sonia Medina, encargada de investigar a personajes como Vladimiro Montesinos, Fernando Zevallos o “Lunarejo”, Gerald Oropeza, César Cataño, miembros del clan familiar Sánchez Paredes y ahora último, al ex secretario General del Partido Fuerza Popular (FP), Joaquín Ramírez por sus vínculos con delitos como el tráfico de drogas y lavado de dinero, conversó con la LaMula.pe sobre la situación actual de los casos que ve su despacho: son más de 26 mil procesos abiertos por lavado de activos en su institución y el 90% de éstos, son por nexos con el narcotráfico.
SONIA MEDINA EN
EL foro titulado
"Periodismo y Narcotráfico"
REALIZADO EN LA PUCP (Foto: leslie moreno)
La Defensora del Estado asegura que los presupuestos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cada año y para cada región, no se utilizan en su totalidad por la mala gestión o falta de capacitación de las autoridades a cargo de administrar este dinero. Es por ello que los resultados en los diferentes rubros, incluyendo el de la protección al gobierno, no son lo que deberían. “Eso no es por la falta de presupuesto sino por la predisposición de hacer las cosas”, precisó.
Los indicios sobre narcotráfico en nuestro país son miles, no en vano, Perú ocupa el segundo puesto en producción de cocaína, después de Colombia y antes que Bolivia, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hace más de 25 años que en diversas zonas de la jurisdicción del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) se vienen destruyendo cientos de pistas de aterrizaje clandestinas para la distribución de la droga que se exporta ilegalmente a través de avionetas hacia diferentes partes del mundo. Sin embargo, son varias las rutas de la cocaína.
“Nosotros nos movemos y focalizamos las rutas de la cocaína gracias a los estudios realizados por organizaciones internacionales y por lo que se investiga aquí en nuestro país”, puntualizó.
LA POLÍTICA Y EL NARCOTRÁFICO
No es extraño leer que los partidos políticos reciban dinero ilegal cuando de aportes se trata, sobre todo a causa de la casi nula fiscalización sobre el origen de estos fondos que pasan de mano en mano y terminan depositados en paraísos fiscales. En ese sentido, Sonia Medina fue consultada por este medio sobre si ha conversado con algún congresista al respecto del impulso de leyes para restringir y combatir el financiamiento ilegítimo a movimientos políticos con efectivo proveniente del negocio rentable como lo es el tráfico ilícito de drogas.
“Yo desde el lado político no tengo conocimiento de que esté sucediendo ello. Sería propio pensar en una ley que regule eso. Plantear leyes que regulen acerca de qué hacemos con los paraísos fiscales, a dónde se derivan los dineros sucios. Tenemos que fomentar mejores políticas públicas. Leyes las tenemos, para todos los gustos y estilos. El tema es la aplicación de las leyes. Esa es la contraparte de cómo luchamos contra estas lacras”, señaló.
En este vacío legal aparece Joaquín Ramírez Gamarra, sobrino de “Eteco”, quien es identificado por la organización internacional Drug Enforcement Administration (DEA) como Miguel Arévalo Ramírez (52). Como se recuerda, el incremento del patrimonio del “sobrino” superaría los 7 millones de dólares lo puso en la mira. La investigación en su contra sigue en curso a cargo de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, desde setiembre del 2016.
Ambos personajes involucrados en el Caso “Eteco”-Fidel Ramírez Prado (rector de la Universidad Alas Peruanas-UAP) y su sobrino Ramírez Gamarra, financista de la reciente campaña presidencial de Keiko Fujimori, han sido objeto de investigación por la DEA desde el 2011 en una operación que actuaba bajo el nombre de: “Operation Untouchables: The Arévalo Drug Trafficking Organization” ("Operación Intocables: La organización de narcotráfico de Arévalo").
foto: joaquín ramírez,
el sobrino de "eteco"
En nuestro país, son más de 26 mil investigaciones abiertas por el delito de lavado de activos. Entre éstas también están las personas asociadas a los delitos como la minería ilegal, por corrupción, entre otros relacionados con el crimen organizado.
“Ya saben quienes están investigados por conocimiento de opinión pública. En materia de lavado de activos, casi el 90% tiene como delito precedente al narcotráfico. Luego sigue la minería ilegal, luego la corrupción y entre otros delitos conexos que involucran la gama de delitos organizados”, explica la procuradora.
fuente: dirandro
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