Cuatro personas desaparecidas, que trabajaban encerradas con candados en contenedores ubicados en los altos de la Galería Nicolini es el lamentable saldo del incendio en Las Malvinas. Estas condiciones de trabajo precarias y a niveles de esclavitud ponen en cuestión a las autoridades, que evidentemente no cumplieron sus funciones. ¿Qué hacía el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué no hubo inspección laboral en esa galería? Desde la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) denuncian que este Gobierno canceló un plan de fiscalización que permitía una supervisión más minuciosa en los casos de empleadores del sector informal.
El secretario general del Sindicato Nacional de la Sunafil, Guillermo Córdova, denunció, este viernes, que en febrero pasado, con la llegada de la superintendente Sylvia Cáceres, se desactivó el Plan de Cuadrante Inspectivo. "Con esta estrategia de fiscalización, se inspeccionaba galería por galería, piso por piso. Pero esta gestión la ha desactivado totalmente", dijo Córdova a LaMula.pe.
En mayo del 2015, este plan se inició como un piloto en el distrito de La Victoria. En ese momento, la Sunafil explicaba en su página web: "La metodología del Cuadrante Inspectivo se basa en la sectorización por manzanas del ámbito distrital, sobre la base de la información cartográfica suministrada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática". En agosto de ese mismo año, se aprobó la implementación de este plan de fiscalización laboral.
Córdova recuerda que había un grupo de inspectores encargado exclusivamente de fiscalizar la informalidad, "pero ahora se ha despedido a la persona que estaba a cargo y a los inspectores se les ha asignado otras funciones".
"Era el único plan que había hecho el Estado peruano para inspeccionar al sector informal. Se iba a llegar al sector duro de la informalidad, donde no hay ningún trabajador en planilla", lamenta el representante de los trabajadores de la Sunafil.
En abril del 2016, la Sunafil publicó un resumen de este plan en sus primeros once meses, un video en el que los propios empresarios reconocen la importancia de la fiscalización laboral.
Ahora, cuenta Córdova, la Sunafil los ha mandado a inspeccionar empresas grandes, donde los trabajadores al menos están en planilla, dejando de lado este sector más vulnerable de los trabajadores.
Con ello, lugares, como los almacenes que servían como centro de trabajo para estas personas encerradas y afectadas por este incendio en Las Malvinas, "están a la de Dios, prácticamente a lo que venga", dice el dirigente sindical de Sunafil.
"Esa es la responsabilidad que tiene el ministro Grados", afirma en referencia al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra).
En una entrevista al diario Gestión, Cáceres cuestionó este Plan de Cuadrante Inspectivo y señaló que el piloto estaba en revisión. Su argumento fue que el alcance era limitado, pero no consideró los pocos inspectores, así como la dificultad para registrar al 100% de trabajadores en la planilla.
Si la Sunafil dejó de hacer inspecciones cuadra por cuadra, optó por un mecanismo que consideró "más efectivo": el envío de cartas a las empresas. El pasado 9 de junio, el intendente de Inteligencia Inspectiva, Juan Carlos Requejo, anunció que desde julio pretendía fortalecer la fiscalización laboral a través del cruce de información con la Sunat y de solicitudes a las empresas para que corrijan sus planillas negras. "Sin una respuesta, satisfactoria iniciaremos la fiscalización, pero si la empresa subsana no se aplicará ninguna multa", dijo a Gestión.
Desde mayo pasado, los trabajadores de la Sunafil protestan por el incumplimiento del pago de los bonos que les corresponde y en exigencia a la contratación de más inspectores. La situación de precariedad de los trabajadores peruanos se debe, a la ausencia de un plan de fiscalización y la falta de inspectores.
El sindicato de la Sunafil denunció que no hay ningún inspector en las regiones Loreto, Tumbes, Tacna, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Apurímac, Puno, Moquegua, Amazonas, Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y San Martín. Estimó también que se necesitarían aproximadamente 2,000 inspectores para cumplir de manera efectiva sus funciones, pero en la actualidad solo tienen menos de 400.
(Foto de portada: Agencia Andina)
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