Cuando en diciembre del 2014 se dio a conocer la llamada Ley Pulpín, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no solo saludó la aprobación de esta norma, sino que pidió que se amplíe el rango de edad de su aplicación hasta los 30 años.

Dos años y medio después y con PPK como Presidente del Perú, esta afirmación es recordada por la congresista Indira Huilca (Frente Amplio), para señalar el carácter del Gobierno respecto a los derechos laborales. "Me parece curioso que ahora se quiera aplicar un régimen laboral especial hasta los 29 años, eso recuerda lo que dijo PPK en su momento con la Ley Pulpín", dice Huilca a LaMula.pe en referencia al proyecto de ley 1104, que en marzo pasado el Poder Ejecutivo envió al Legislativo para su debate y aprobación.

La propuesta titulada "Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes" sostiene que los ciudadanos entre 18 y 29 años se verán beneficiados ingresando al mercado laboral con la exoneración a las empresas de pagar el aporte a EsSalud (que pasará a ser cargado por el Estado). Sin embargo, el proyecto mantiene el alto nivel de aporte de los trabajadores (13% de sus sueldos) a las pensiones, permite la contratación temporal y no considera el tema de la capacitación laboral.

Además, esta propuesta no ha sido discutida ni consultada con los principales afectados. Ante ello, cientos de jóvenes salieron a las calles de Lima, este martes 20 de junio, para protestar contra lo que denominan Ley Pulpín 2.0.

Para analizar esta propuesta laboral del Ejecutivo, LaMula.pe consultó con la congresista Huilca, miembro de la Comisión de Trabajo del Congreso, y con la abogada Katty Caballero, especialista en derecho laboral de la UNMSM. A continuación, explicamos los puntos que consideramos clave de esta propuesta de régimen laboral juvenil:

1.- Las edades: jóvenes entre 18 y 29 años

En su artículo 6, el proyecto establece que para que las empresas sean exoneradas del pago de Seguro Social de Salud de sus nuevos trabajadores deberán incrementar o mantener el número de su planilla. Esto propiciaría la contratación de trabajadores en dicho rango de edad, pero iría en perjuicio de aquellos que sean mayores, resalta Caballero.

Además, se corre el riesgo de que la empresa despida a los trabajadores cuando lleguen a la edad límite para este régimen. "Para mantener el beneficio, la empresa contratará a trabajadores de esas edades, pero cuando lleguen al tope, luego los podrá despedir", afirma la abogada.

En este rango de edades también podrían entrar los jóvenes que realicen prácticas pre-profesionales o profesionales. Como explica Caballero, la empresa puede optar por alguna de las dos formas de contratación y el proyecto de ley en cuestión "no establece nada, ninguna precisión al respecto". "Una persona que está estudiando calza en el convenio de prácticas, pero por la edad también podría entrar con este nuevo régimen", afirma.

2.- ¿Capacitación? ¿Dónde?

Para la congresista Huilca, esta norma no ataca el fondo del problema, ya que la principal necesidad de los jóvenes, sostiene, es la capacitación, tema ausente en el proyecto de ley de PPK. "El problema es que los jóvenes cuando acceden al mercado laboral, no acceden a un trabajo que les permita autosostenerse luego de salir de ese empleo", afirma.

"El tema de la capacitación no existe, el proyecto de ley es bien corto. Lo que debería hacer el Gobierno es que cualquier propuesta debería tomar en cuenta el tema de la capacitación. Con el actual régimen los jóvenes son semitrabajadores", dice la parlamentaria en referencia a las modalidad formativa laboral o régimen de prácticas, en los que sí se obliga al empleador a capacitar al trabajador.

En este sentido, Huilca señala la necesidad de modificar dicho régimen, ya que los jóvenes "están en el limbo, no son totalmente trabajadores". "Y en la práctica no se cumplen las 6 horas diarias máximas de trabajo. Esa situación es la que hay que cambiar. Si se va a proponer algo para los jóvenes, no hay que desarticular el tema de la capacitación laboral", dice.

3.- Si las empresas no le pagarán EsSalud a los jóvenes trabajadores, ¿cómo hará el Estado peruano?

Este parece ser el punto más crítico de la propuesta del Ejecutivo. Lo normal es que sea la empresa la que aporte por el Seguro Social de Salud de sus trabajadores (9% de sus sueldos). Lo que propone el Ejecutivo es que los empleadores sean exonerados de este pago y este sea asumido por el Estado. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha estimado que, con ello, se generarían 50,000 nuevos puestos de trabajo durante el primer año, lo que le costaría al Estado peruano 6 millones de soles. 

Para Huilca, esto es insostenible. "El Estado no podrá subsidiar a cada trabajador nuevo que la empresa contrate", afirma. Lo que considera la congresista es la falta de presupuesto que reconoce el propio Ministerio de Trabajo (Mintra) cuando, por ejemplo, los fiscalizadores laborales de la Sunafil, los encargados de supervisar que los derechos laborales de los peruanos se respeten, exigen el cumplimiento del pago de bonos que les corresponde y la contratación de más supervisores. 

"Pero ahora el Gobierno dice que sí se puede financiar a las empresas privadas por el Seguro Social de cada trabajador. Para cosas en las que debe garantizar la tranquilidad del empresariado, sí hay dinero, para financiar mano de obra barata sí hay plata. Pero cuando se quiere fiscalizar, no. Hay un doble rasero", señala la congresista.

Caballero también recuerda la "deuda astronómica" que tiene el Estado con EsSalud de aproximadamente 2 mil millones de soles. "Con la aprobación de este proyecto de ley, está deuda se incrementará. No sabemos cómo haría el Estado para honrar la deuda que tendría con esta ley si ni siquiera cumple con la deuda ya existente", resalta la abogada.

4.- Entonces, ¿a quién beneficia este proyecto?

El Ejecutivo dice que a los jóvenes, pero lo concreto es que exonera a las empresas del pago de Seguro Social de Salud, esa es básicamente la principal propuesta y con ello apuestan a que los empleadores contraten nuevos trabajadores. Sin embargo, tanto la congresista Huilca como la abogada Caballero, sostienen que la medida es equivocada, ya que la informalidad no está en las grandes empresas.

"Este proyecto no beneficia a los jóvenes en situación de precariedad e informalidad. No hay una preocupación real para tratar de garantizar la gran incomodidad de los jóvenes en sectores como el textil o en las micro y pequeñas empresas", señala Huilca.

Caballero coincide y afirma que las empresas beneficiadas serán las medianas y grandes, "ya que las microempresas son aportantes al Seguro Integral de Salud y de acuerdo al artículo 2 del proyecto solo podrán beneficiarse con la exoneración las empresas que realicen aportes a EsSalud".

Además, cabe la posibilidad de que la empresa decida, para beneficiarse aún más, contratar a todos sus trabajadores bajo esta modalidad. "Se debe tener en cuenta que la ley no establece límites a esta contratación; es decir, una empresa podría, eventualmente, tener a todo su personal bajo esta modalidad de contratación", afirma la abogada.

5.- ¿Es un buen momento para aplicar esta medida?

Esta llamada Ley Pulpín 2.0 se propone en un contexto en el que los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) amenazan con ir a una huelga nacional indefinida si el Estado no cumple con pagarle los bonos que les corresponde y con aumentar el número de supervisores. En este sentido, Caballero señala que "con el número insuficiente de inspectores", el cumplimiento de las condiciones que propone esta norma "es imposible de garantizar".

La congresista Huilca, por su parte, advierte que esta sería la primera norma de más proyectos que debilitan la fiscalización laboral y atentan contra las negociaciones colectivas, por ejemplo. "Despidos colectivos más rápidos, todo forma parte de un paquete que alimenta la idea de que los derechos laborales son un sobrecosto. Esto expresa la naturaleza del gobierno que tiene prioridad en beneficiar a ciertos grupos económicos y defender a este modelo que ha aumentado la desigualdad", afirma.

Veremos qué ocurre con este proyecto, que aún se debate en la Comisión de Trabajo del Congreso, y cómo reaccionan los jóvenes, que ya en enero del 2015 hicieron retroceder al Congreso y al Ejecutivo con cinco multitudinarias marchas que lograron la derogatoria de la Ley Pulpín, antecesora de esta propuesta.

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