La paridad es la participación igualitaria de hombres y mujeres en diversos rubros. Para el desarrollo óptimo de nuestra sociedad es clave permitir que las mujeres ejerzan el derecho al desarrollo integral como seres humanos y sin ser hostigadas en los diferentes ámbitos de la sociedad. En ese sentido, es fundamental incorporar la paridad, alternancia y sanción del acoso político ante el Pleno del Congreso de la República antes de culminar la legislatura 2016-2017. Recordemos que cuatro iniciativas legislativas que infieren en la reforma electoral, ya fueron puestas en la agenda de la Comisión de Constitución.
Estas propuestas han sido incluidas en el Informe del Grupo de Trabajo Multipartidario que presidió la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Donayre en el marco de la reforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y están anexadas al Proyecto de Código Electoral N° 1313-2016/JNE. Entre los proyectos de ley que protegen la dignidad de la mujer están: El Proyecto de Ley N° 1315 sobre reforma electoral y partidos políticos del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 834/2016-CR que fortalece la participación política de la mujer del congresista del Frente Amplio (FA), Alberto Quintanilla y la Ley N° 673/2016-CR para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres, presentado por las parlamentarias del FA, Indira Huilca, Marisa Glave y Tania Pariona.
Estas normas que protegerían a este grupo de personas están respaldadas por las organizaciones de la sociedad civil como: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Asociación de comunicadores Sociales Calandria y la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA), quienes forman también, parte de la campaña para la sensibilización sobre la igualdad: ¡Somos la Mitad, Queremos paridad sin acoso!
La empatía y el respeto
El acoso sexual o violencia familiar no son sinónimos de acoso político, sin embargo estos reglamentos buscan sancionar actos de todo tipo de amedrentamiento. En un país en el que de cada cinco mujeres autoridades, tres han vivido alguna modalidad de acoso político, es urgente erradicar los comportamientos que violan los derechos humanos.
Los tipos de acoso político se presentan en diferentes formas. Ellas pueden ir desde la inducción al error administrativo, vulnerar las comunicaciones, interferir las funciones normativas de índole sexual o patrimonial, hasta la muestra de preferencias respecto a algún funcionario sobre otra.
“El Proyecto de Ley N° 673 para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres está en la Comisión de Constitución. Busca proteger los actos de hostilidad contra las mujeres que sean candidatas, autoridades, mujeres que lideran y tengan cargos en las organizaciones políticas gremiales, estudiantiles, políticas, entre otras organizaciones. Si bien se ha logrado importantes resultados fruto de la aplicación de casi 20 años de la cuota electoral, aún persiste una brecha significativa en la composición de los cargos políticos en los diversos niveles de gobierno, que desfavorece a la mitad de la población peruana y el acoso es uno de los obstáculos que desmotiva a las mujeres de continuar en la política”, explica la abogada Lisbeth Guillén a LaMula.pe.
Regular y atreverse a denunciar todo tipo de rastreo o discriminación que interrumpa el desarrollo de cualquiera es algo que recién comienza en Perú. Las mujeres autoridades de los gobiernos locales y regionales fueron compartiendo testimonios sobre discriminación y violencia que las afectan emocionalmente y repercuten en el ejercicio de sus funciones, por parte de sus pares varones desde que surgió la Renama en el 2008.
En el Perú, tres de cada 10 mujeres han sufrido acoso político durante campañas electorales, según el JNE. De corroborarse la falta, el acusado podría ser sancionado con hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Técnicamente, el acoso político es “el acto o conjunto de actos realizados con la finalidad o resultado de limitar, anular, atentar, restringir, contrarrestar o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres autoridades, candidatas, electas, o representantes de diversas organizaciones sociales y políticas” refiere el Proyecto de Ley N° 673, /2016-CR.
“En el país aún hay una gran brecha de desigualdad a nivel político, las mujeres alcaldesas por ejemplo representan apenas el 3% del total de alcaldes y solo tenemos una mujer gobernadora que es donde está más centrada la mirada contra las mujeres que son elegidas. Este proyecto de ley busca que se reconozca esta figura y se establezcan medidas de prevención y protección. En último extremo que se sancione cuando se pruebe el acto cometido”, recalca la abogada.
En el 2012 se publicó el primer estudio sobre acoso político. Este permitió dar cuenta sobre la magnitud y características de esta nueva forma de violencia machista en el espacio político. La investigación demostró que 2 de cada 5 mujeres autoridades en el país han sufrido acoso político. Este fenómeno se hace cada vez más visible a través de las denuncias de las mujeres autoridades que viven acoso porque que se cansaron de callarlo y por el esfuerzo de las organizaciones feministas que colocan el tema en la agenda de los medios de comunicación.
En un país en el que dos de cada cinco autoridades y tres de cada diez candidatas han vivido alguna modalidad de acoso político es urgente la sanción de los comportamientos que violan los derechos humanos de las mujeres.
Para cada delito, una ley
Entre otras iniciativas, proponen considerar entre los impedimentos para postular como candidatos a quienes hayan sido procesados por deudas alimentarias, delitos como violencia familiar, sexual y femincidio, trata. Se plantea también que en las candidaturas a gobernadores/as y vice gobernadores/as regionales, al menos una sea mujer, asimismo, que los partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas locales inscriban como mínimo un 30% de candidaturas de mujeres a las alcaldías provinciales y/o distritales. Lo óptimo sería que lleguemos a copar el 50%.
“A través de esta campaña estamos proponiendo una representación política ética, de respeto a los derechos humanos. Así como transparencia y rendición de cuentas en relación a los aportes financieros a las organizaciones políticas. En esa misma línea, proponemos que se destine un porcentaje del financiamiento público de los partidos para capacitar y formar la militancia femenina, porque muchas veces dicen: 'No hay mujeres capacitadas'. Y yo me pregunto: ¿Por qué no las capacitan? Para que puedan ingresar en las campañas electorales en la misma condición que los hombres”, dice la letrada.
El acceso equitativo de las mujeres candidatas a la franja electoral es un derecho. Como se evidencia en los medios de comunicación, la desigualdad resta oportunidades para que las candidatas puedan compartir sus propuestas a la ciudadanía y exponer sus liderazgos a través de la difusión de las entrevistas, por ejemplo.
“Tenemos mucha expectativa por una legislación electoral que garantice reglas claras en los futuros procesos. El 2018 esperamos contar con listas paritarias y alternadas, así como campañas libres de acoso, para que más mujeres puedan ejercer sus derechos políticos plenamente. De aprobarse estas medidas estaremos avanzando hacia una composición del poder político paritaria, fortaleciéndose así la igualdad y democracia en el país”, sostuvo Guillén.
La sociedad civil se mantiene a la espera de que esta propuesta sea debatida antes de finalizar el primer ciclo ejecutivo, pues a nivel nacional solo hay 3500 mujeres ocupando cargos en el Estado.
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