Un helicóptero vacío se eleva desde un estadio, abajo quedan dos heridos de bala, graves. Una imagen trágica, potente pero, sobre todo, real. Quizás una de las que mejor expone el abandono de un Estado con sus ciudadanos. Una memoria que aflora con más fuerza cada vez que se acerca el 5 de junio. Un recuerdo que John Estela Martínez no olvida. Y no lo hace porque, atada a esa memoria, está la indiferencia.  

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El 5 de junio de 2009, en la llamada Curva del Diablo en Bagua (región Amazonas), se generó un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional e indígenas de los pueblos awajún y wampis que ocasionó la muerte de 33 peruanos (23 civiles y 10 policías). Los nativos habían iniciado, en abril, un paro nacional para exigir la derogatoria de los decretos legislativos, emitidos por el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), que contravenían el Convenio 169 de la OIT, atentando así contra sus derechos como pueblos originarios.

Aquella mañana de junio, los efectivos de los Diroes iniciaron el violento desalojo, a pesar de que los indígenas, según señalan varios testimonios, ya habían decidido retirarse de forma pacífica al ver que el Gobierno insistía en su terquedad. El enfrentamiento no se redujo a esa zona. A 15 minutos de la Curva del Diablo, se encuentra la ciudad de Bagua Grande. Allí también llegaron las balas.

John Jorge Estela Martínez (28) se desempeñaba como mototaxista en esa ciudad desde el 2006. El día del 'Baguazo' su jornada laboral transcurrió con normalidad hasta cerca del mediodía. A esa hora conducía su vehículo de vuelta a casa, lugar al que nunca llegaría. “Un poco más arriba del restaurante Chacho, al frente de la comisaría, recibí un balazo en la pierna derecha. Volé tres metros y perdí el conocimiento. Desperté a las tres de la tarde en el Hospital Buen Samaritano”, relata a LaMula.pe.

Lejos de recuperarse, viviría un calvario. Las ventanas del hospital era bajas y los disparos se colaban. Las enfermeras no podían atender a los heridos. John empeoraba. El médico Humberto Merino Izquierdo se dio cuenta de su gravedad. “A estos pacientes hay que trasladarlos a Chiclayo y a Lima”, dijo. El galeno se refería a John y a quien por entonces era una niña de siete años, Leydi Luz Montes Gonzales, quien también había recibido un balazo (en el estómago) cuando jugaba en su casa de Bagua Grande. “La Policía había declarado el toque de queda en la Curva de Diablo y Bagua. Solos los policías heridos pasaban pero los civiles no importábamos. No les importaba que muriéramos desangrados”, rememora.

Entonces, el médico tuvo otra idea: llevarlos al estadio de Bagua Grande, donde estaban las fuerzas militares. Tras llegar a ese lugar se le pidió al uniformado al mando trasladar a los heridos. “Un helicóptero llegó con más efectivos Diroes y luego se elevó, vacío. No importó que nosotros pudiéramos perder la vida”. Ese fue el epílogo del intento de evacuación aérea. Solo quedó entonces la vía terrestre. Tras agenciarse un vehículo, el traslado se llevó a cabo. La primera parada fue la Curva del Diablo a las 8 de la noche. Allí tras “rogar y rogar”, se les permitió pasar. “Llegamos al Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo a las 4 de la madrugada”. Doce médicos revisaron a John. Solo había una alternativa para salvarlo: amputar para que la gangrena no siguiera avanzando.

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Hasta el momento, sin embargo, no hay operación quirúrgica que pueda acabar con la indiferencia del país. “El Estado no nos ha dado ni un paracetamol”. Mientras expresa su indignación, John también recuerda la solidaridad de distintas organizaciones que lo ayudaron como la Comisión Episcopal Acción Social (CEAS), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la Diaconía y el Instituto de Defensa Legal (IDL). De hecho, un abogado de esta última organización, Juan José Quispe, está llevando su caso y el de Leydi ante el Poder Judicial. El Estado tiene que repararlos.

No son los únicos ciertamente. Existe la Asociación de Víctimas y Familiares de los Sucesos del 5 de junio (AVIFHE), que lucha desde hace varios años para obtener justicia. “A una señora le mataron a su esposo. Le dispararon en la cabeza al frente de un parque”. La organización agrupa a 30 personas, aproximadamente. La salud de muchos de ellos se ha resquebrajado por sus heridas.

John tuvo más suerte. Gracias a CEAS pudo tener una prótesis, pero no es suficiente. “Quizás si fuéramos hijos de algún congresista o ministro nos escucharían, pero no tenemos ese don. Ya han pasado ocho años y no tenemos atención médica especializada. Nosotros estamos dispuestos a luchar para encontrar justicia y para que no se vuelvan a repetir estos sucesos”, señala con firmeza.

Nunca más un helicóptero que abandone heridos.

¿Quieres ayudar a John Estela?

La escritora e investigadora Andrea Cabel ha iniciado una cadena de solidaridad. Estos son las cuentas bancarias: 

BBVA SOLES  

-Nº de cuenta: 0011 0136 0200356217 96

-Código de Cuenta Interbancario (soles): 011 136 000200356217 96

BBVA DOLARES

-Nº de cuenta: 0011 0136 0200356225 99

-Código de Cuenta Interbancario (dólares): 011 136 000200356225 99. 

Si te encuentras en el extranjero puedes enviar tu donación vía Western Union. Solo tienes que dar el nombre de Andrea Cabel y su DNI: 41624669. 

[Imagen: América TV]

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