Lo reconocieron. La compra de 980 computadoras que el Congreso pretendió hacer el año pasado era ilegal. La Oficina de Auditoría Interna del propio Poder Legislativo verificó el proceso de adquisición, por más de cinco millones de soles, y señaló que se vulneraron una serie de normas que al parecer favorecían a la empresa proveedora, Grupo Coresol

Claro, el informe que determinó esta conclusión se mantuvo bajo reserva, hasta ahora, informó La República. Esto en un contexto en el que la presidenta del Congreso, Luz Salgado, prometió renunciar si se comprobaban las irregularidades denunciadas.

En enero de 2016, el Congreso inició las gestiones para adquirir 220 equipos de cómputo por un millón y medio de soles, según su Plan Anual de Adquisiciones. Pero, en octubre del mismo año elevó dicha suma a 260 y luego a 980 unidades. La auditoría interna se activó y determinó que la compra de 260 computadoras sí era justificada, pero la de 980 no.

La adquisición de estas casi mil computadoras suponía una inversión de más de cinco millones de soles. En dicha oportunidad, el contralor Edgar Alarcón minimizó la importancia del tema y señaló que "solo se trata de cinco millones".

¿Por qué 980 computadoras? 

El Congreso pretendía enviar dos equipos a cada despacho de los 130 congresistas. La cantidad restante sería llevada a los talleres de carpintería, soldadura y pintura, al área de transporte y mensajería, a los operadores de la central telefónica, entre otros. La auditoría determinó que pretendían hacerlo "sin una justificación del uso que le darán, según las funciones que desempeñan esos usuarios".

Lidio Cotera Mucha, funcionario encargado del taller de carpintería, aseguró que nunca solicitó una computadora de última generación. Es más, dijo a La República que ni siquiera pidió que le cambien la que tiene asignada.

Esto confirma que el Congreso planeaba gastar más de cinco millones de soles sin sustento técnico (ni lógico). Luz Salgado, la presidenta del Congreso, defendió en su oportunidad la compra e, incluso, utilizó una pizarra para graficar sus grandes montos.

Concurso mal hecho

Ahora bien, el proceso injustificado ni siquiera se hizo correctamente. La auditoría detectó que el Grupo Funcional de Compras del Congreso no informó a los postores del valor estimados de las 980 computadoras. Este es un mecanismo necesario para que la entidad pública consiga los bienes al mejor precio.

Cambios sospechosos. En un primer momento se consideró adquirir procesadores de cuarta generación de la marca HP y de sexta generación de la marca Lenovo. Se terminó comprando todo el lote de sexta generación.

Además, si se hubieran aplicado los registros originales, hubiera ganado la empresa Allstorcorp, pues ofrecía el menor precio. Sin embargo, el mismo día de la adquisición, el 25 de noviembre pasado, el Grupo Funcional de Compras cambió los requisitos que beneficiaron al Grupo Coresol como mejor postor de las computadoras y a Compured como mejor postor de los monitores.

¿Qué se sabe del Grupo Coresol? Es una empresa sin prestigio en el mercado, que cuando recibió la orden de compra del Congreso no contaba con el tiempo mínimo de tres años de experiencia que el propio Legislativo exige a sus proveedores. Una irregularidad más.

Cuando se hizo la compra, el grupo tampoco acreditó ser representante o distribuidor autorizado en el Perú de la marca Lenovo. Esto también se exigía en las especificaciones técnicas.

El Grupo Coresol recién presentó los documentos que confirmaban que era una distribuidora autorizada dos semanas después de la orden de compra emitida por el Congreso.

Ante las revelaciones periodísticas que denunciaron la ilegalidad de dicha adquisición y la recomendación de la Contraloría, la Mesa Directiva del Congreso tuvo que cancelar la compra y despidió al director de Logística, Sergio Romero Loyola.

foto: @CALDERONPASACHE


foto: @CALDERONPASACHE

Esta decisión ocasionó que el Grupo Coresol SAC y Compured SAC solicitaran una indemnización. El Congreso aceptó llevar el caso a un arbitraje, según la Dirección General de Administración del Parlamento en conversación con La República.

“El proceso de arbitraje ad hoc se encuentra en etapa inicial, conforme a las normas legales vigentes sobre la materia”, respondió de manera oficial.

(Foto de portada: La República - Melissa Merino)

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