El pasado jueves 26 de mayo, el Pleno del Congreso derogó el Decreto Legislativo N°1333 (DL1333), emitido por el Ejecutivo en el marco de las facultades especiales que le fueron otorgadas en setiembre pasado, por considerarse que vulneraba varios derechos de las comunidades indígenas.
"[Este decreto] era nocivo porque afectaba el derecho a la tierra, a la propiedad colectiva y a la consulta previa. El decreto tenía el propósito de conceder espacios territoriales para la inversión privada", dijo la congresista Tania Pariona (Frente Amplio), en exclusiva para LaMula.pe.
La representante de Ayacucho fue la encargada de sustentar la derogatoria de la referida norma. Anteriormente, la legisladora ya había expresado su postura en la Comisión de Constitución y Reglamento. De hecho, las bancadas del Apra, Acción Popular y Fuerza Popular también se mostraron en contra.
Recordemos que la norma impulsada por el Gobierno creaba el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada (APIP), un órgano autónomo y dependiente de Proinversión que se encargaría del saneamiento y acceso a predios comprendidos "dentro del ámbito geográfico de ejecución de los proyectos de inversión priorizados, ya sean formales e informales, públicos o privados".
Si bien es cierto que el DL1333 ya no existe, hay una preocupación en las organizaciones indígenas por las políticas que el Ejecutivo desarrolla sin tener en cuenta sus derechos ni el marco jurídico que los protege. Así, lo ha expresado por ejemplo, la Confederación Nacional Agraria (CNA).
Este gremio saludó la derogatoria a la cual calificó como un acto de justicia. A su vez, afirmaron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscó reunirse, por separado y de manera informal, con diferentes líderes indígenas. Incluso denunciaron "que directivos del Viceministerio de Interculturalidad hayan fungido de facilitadores del MEF para convencer a los indígenas que esta ley no era atentatoria", lo cual generó una queja formal de parte de la CNA y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) ante el Ministerio del Cultura.
A su vez, la CNA rechazó que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con líderes indígenas, tal como -según afirmaron- manifestaron congresistas oficialistas y el titular del MEF, Alfredo Thorne. De este último, además, señalaron que había sostenido que era mejor dividir la propiedad colectiva de los territorios comunales.
Llamado de atención
En ese contexto, la organización considera que no existe una real representación indígena dentro del aparato estatal y acusaron a los funcionarios del Gobierno de operan "solo a nombre de grandes proyectos de inversión". Agregaron que el Viceministerio de Interculturalidad y el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) no están cumpliendo con su rol de "garantizar el cumplimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios del país".
[Foto de portada: Conferencia Nacional Agraria]
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