Este jueves el Pleno del Congreso acordó derogar el Decreto Legislativo N° 1333 (DL1333), emitido por el Gobierno en el marco de las facultades legislativas que le fueron otorgadas en setiembre del año pasado, por considerarse que vulneraba los derechos de las comunidades indígenas, específicamente en lo que se refiere a sus propiedades y la determinación del uso de sus territorios. 

Dicha normativa ya había sido derogada en la Comisión de Constitución y Reglamento con el voto de congresistas de las bancadas de Acción Popular, Apra, Frente Amplio y Fuerza Popular. 



El mencionado decreto creaba el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada (APIP), un órgano autónomo dependiente de Proinversión pero con autonomía administrativa, técnica y económica. Una de sus funciones era "formular, aprobar y ejecutar de manera progresiva un programa de diagnóstico, saneamiento físico-legal y acceso a los predios comprendidos dentro del ámbito geográfico de ejecución de los proyectos de inversión priorizados, ya sean formales e informales, públicos o privados". 

A propósito de este tema, LaMula.pe conversó con Tania Pariona, congresista del Frente Amplio, quien sustentó la derogatoria del referido decreto en el Pleno del Congreso. Ella recalcó que la norma afectaba los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. "Era nocivo porque afectaba el derecho a la tierra, a la propiedad colectiva y a la consulta previa. El decreto tenía el propósito de conceder espacios territoriales para la inversión privada", afirmó a este portal.  

congresista tania pariona Foto: congreso de la república

Agregó que la norma contradecía el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Perú ha suscrito y establece que los pueblos indígenas tienen "el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera"

Proyectos de inversión priorizados

Una frase que llama la atención en la norma derogada es "proyectos de inversión priorizados". El DL1333 explica que se refieren a obras de infraestructura de interés nacional, de gran envergadura y que hayan sido priorizados en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 30025 (una ley para facilitar la adquisición y expropiación de inmuebles para obras de infraestructura). No obstante, el texto también señalaba que se incluiría "otros proyectos que sean priorizados". 

"Sabemos que los proyectos priorizados, para fines de inversión privada bajo la modalidad de asociación público-privado, pueden entenderse como proyectos de construcción extractiva, de inversión para la agroindustria, entre otros", explicó.

Pariona, a su vez, recalcó a este portal que ni ella ni las organizaciones indígenas están en contra de las inversiones, pero estas deben darse "dentro de un marco de respeto de los derechos indígenas". A su entender, la derogación del DL 1333 no debe ser visto como un bloqueo del desarrollo económico de parte del Parlamento, sino como una lección para que el Gobierno articule un diálogo con las regiones y las autoridades. 

De hecho, para la parlamentaria existía el riesgo, si se aprobaba, de generar problemas internos dentro de la estructura del propio Estado. "Había un conflicto de competencias y de funciones entre el propio Ministerio de Agricultura, a través de los gobiernos regionales y sus direcciones agrarias que son las encargadas de titular y sanear títulos de comunidades y de predios urbanos. Además existe Cofropi que se encarga de los títulos individuales. Es decir, esta norma no solo afectaba a las comunidades indígenas", detalló. 

Los intereses y el 'mea culpa' del MEF

La representante de Ayacucho comentó a LaMula.pe que detrás del DL1333 habría intereses económicos. Sobre ello hay que recordar que tras la derogación de la norma en la Comisión de Constitución y Reglamento, la Confederación Nacional Agraria y otras organizaciones del Pacto Andino alertaron sobre presuntas presiones provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evitar aprobar dicha derogatoria en el Pleno. 

No obstante, Pariona reveló que el mismo MEF reconoció que el citado decreto tenía vacíos legales y fallas. El titular de la cartera, Alfredo Thorne, dijo que no había la intención de afectar los derechos indígenas, contó la congresista. "Decir que se podía cambiar esto modificando y agregando algunos artículos, pero esa no era la solución", criticó

[Foto de portada: tomada de revistaideele.com ]

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