Usualmente, en la política, a las fuerzas opositoras al oficialismo les gusta y en algunos casos promueven que el periodismo indague e investigue el accionar el del gobierno del turno. En nuestro ambiente político, sin embargo, existen una situación distinta. La bancada de mayoritaria y de oposición, Fuerza Popular, ha presentado varios proyectos de ley relacionados con la libertad de expresión y que han sido criticados desde diferentes sectores de la sociedad civil.
"Es un situación Sui Generis", ha dicho Catalina Botero en una entrevista para La República. "Un caso particular que la mayoría de la oposición busque restringir la libertad de expresión, cuando esta es la más importante para que la oposición pueda actuar", agregó la exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estos proyectos, casi siempre, son presentados dentro de un marco de preocupaciones legítimas pero que a partir de ello afectan los derechos ciudadanos, desvirtuando así el rol del Estado. Un ejemplo de ello fue el proyecto de ley, impulsado por el congresista Héctor Becerril, que pretendía crear un impuesto a los medios de prensa escrita. Ese dinero recaudado tendría como destino un fondo social destinado a los canillas. Posteriormente la iniciativa fue retirada.
catalina botero / foto: ana cabrera
"Es muy legítimo proteger a quienes venden los diarios, pero es el Estado el que debería tener una política de protección social para ellos. Que lo asuman los medios es castigar a los diarios más pequeños o intermedios porque solo los grandes podrán asumir ese costo", dijo al referido diario.
Botero también se pronunció sobre la ley de control de medios presentada por Úrsula Letona y Alejandra Aramayo (que tuvo dos versiones). La abogada recordó que esta norma se basa en una ley chilena y otra colombiana. Esta última fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia en el 2016. Por otro lado, la norma chilena no ha sido revisada por el Poder Judicial del país sureño.
"Lo que sí podía pasar es que cuando las personas son condenadas tienen algunas inhabilidades para contratar con el Estado, pero no se puede establecer una restricción que no tiene límite en el tiempo", explicó a El Comercio sobre la decisión de los magistrados colombianos.
En ese contexto, la también decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes apuntó que no lo queda claro porque "por qué una persona que ha sido condenada y que paga su pena no tiene el derecho de reinsertarse". "Una sociedad democrática da segundas oportunidades", dijo al diario.
Así, para Botero existe evidencia que la bancada de Fuerza Popular "está teniendo un comportamiento similar al que han tenido gobiernos como el venezolano y el ecuatoriano" en lo a libertad de expresión de refiere.
Regreso a los noventa
Esta mañana, durante una entrevista en el programa No hay derecho, ratificó su postura expresada en los medios peruanos sobre el accionar de Fuerza Popular en el Poder Legislativo.
"Hay un sector del fujimorismo que está rescatando las peores prácticas de los años noventa. No están dispuestos a ser parte de una declaración democrática. [...] A responder con argumentos las críticas que consideran injustas, sino que quieren silenciar, castigar, impedir que las personas que piensan distinto hablen", expresó.
[Foto de portada: RPP Noticias]
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