Representantes legales en Perú de la ciudadana canadiense Jennifer Moore, coordinadora de Alerta Minera Canadá (MiningWatch Canadá) en América Latina, presentaron, este martes, una demanda de hábeas corpus contra el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ante el peligro de que sea detenida nuevamente.

jennifer moore, coordinadora del programa para américa latina de mining watch canadá / foto: chmafm

El pasado 21 de abril, cuando Moore se encontraba en la Casa de la Cultura de Cusco para comentar el documental "El fraude de Flin Flon", acerca de los impactos de la empresa minera HudBay Minerals, fue detenida por efectivos de la Policía por un lapso de cuatro horas, acusada de alterar el orden público y amenazada con ser expulsada del país.

Los demandantes sostienen que esta detención se realizó de manera arbitraria en violación de sus derechos humanos porque Moore no fue puesta a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario. Resaltan, además, que esto también constituyó una violación a la libertad de expresión y un acto de censura, ya que la canadiense iba a comentar un documental sobre los impactos de HudBay Minerals que opera en Chumbivilcas con el proyecto de cobre Constancia.

Para los denunciantes, esta detención se podría explicar en los convenios entre la Policía de Perú y la mencionada empresa minera.

Desde Canadá, la agraviada Jennifer Moore, afirmó que “al centro de este proceso de criminalización hay una intención de aislar a las comunidades que viven alrededor de la mina de cobre de Hudbay en Cusco y limitar la información independiente y solidaria a que tienen acceso hoy y al futuro".

“Es un precedente terrible para muchas personas quienes están haciendo esfuerzos para compartir sus investigaciones, su periodismo, y su experiencia - técnica o personal - con las comunidades afectadas por la minería en Perú y la población en general. Tenemos que cuestionar esto", dijo a Alerta Minera Canadá.

El abogado de IDL, Juan Carlos Ruiz Molleda, afirmó que este caso es "representativo de criminalización de defensores de derechos humanos". "La detención arbitraria tiene relación con el video difundido. Es grave que el Ministerio del Interior diga que difundir un video afecta el orden interno", señaló.

La demanda considera también que hubo un proceso de seguimiento y hostigamiento contra la canadiense Moore y el ciudadano estadounidense John Edward Dougherty, ya que días antes de la detención de ambos el portal web El Montonero publicó artículos en los que los acusó de "preparar una emboscada", fueron grabados por personal no identificado cuando presentaron el documental en Chumbivilcas y policías acudieron a los hospedajes a buscarlos.

Los denunciantes piden al juez del Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordene a la Policía Nacional del Perú y Superintendencia Nacional de Migraciones, "abstenerse en el futuro de detener, perseguir, hostigar, criminalizar o realizar cualquier otro acto, que atente contra la libertad personal, la libertad de opinión y expresión y otros derechos conexos, de la ciudadana canadiense Moore, permitiéndosele retornar el país el día de 8 de agosto de 2017".

Y, al Ministerio del Interior, que cese" las amenazas de expulsión y cualesquiera impedimentos para su ingreso al Perú". Además, se pide que el Ministerio Público investigue la detención arbitraria de Moore y sancione a los responsables.



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