El poder electoral de Venezuela dio su aval al régimen de Nicolás Maduro para activar la Asamblea Constituyente que convocó el presidente para reescribir la Carta Magna del país, en medio de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, durante una movilización convocada por la opositora Mesa de Unidad Democrática convocó en Caracas el miércoles. 

El jefe de Estado entregó el decreto que llama a la consulta para elegir a los delegados en una visita al Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, flanqueada por Maduro, dijo: "Lo que se inicia es un nuevo proceso constituyente, consolidará la República y llevará al país a la paz que todos y todas merecemos".

Según el régimen, sería una Constituyente de "profunda participación popular", cuyos integrantes serán elegidos "en ámbitos sectoriales y territoriales" con "voto directo", pero sin partidos políticos. Maduro invocó a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, a los CLAP (comités que entregan comida racionada) y a los consejos comunales para "la batalla territorial que gane la Asamblea".

Entre tanto, en las calles de Caracas, miles de venezolanos fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Al menos una persona murió arrollada por un auto que trató de esquivar las protestas, y se reportó un centenar de heridos en la capital.

Maduro señaló después del encuentro con la presidenta del CNE que ha "ordenado a los cuerpos de seguridad del Estado que busquen a los grupos armados que se han alzado en armas contra la República. Tenemos derecho a defendernos del terrorismo y lo vamos a hacer”.

Lucena por su lado afirmó que Venezuela vive “un momento crucial de su historia política” y que el inicio del nuevo proceso “representa una gran oportunidad para el encuentro y el debate nacional”.

El Gobierno insiste en que la Constituyente buscará crear "condiciones" de normalidad que permitan realizar los procesos comiciales que están en camino, incluidas las elecciones presidenciales del 2018.

Por su parte, la oposición sostiene que la intención del proceso es dilatar dos elecciones regionales previstas para este año y las presidenciales, en lo que han catalogado como un "auto golpe de Estado" de Maduro para perpetuarse en el poder.

(Foto de portada: Efe)

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