La tercera orden ejecutiva de Donald Trump que es bloqueada en los tribunales en menos de 100 días de mandato se trata de refiere a la aplicación del decreto que ordenaba retirar fondos federales a las llamadas "ciudades santuario", aquellas que no colaboran ni se alienan con las nuevas políticas de inmigración de la Casa Blanca. La medida fue considerada como inconstitucional por un juez federal de San Francisco, California, en lo que marca una derrota nueva derrota para el presidente de EEUU y también para su fiscal general, Jeff Sessions.
En el decreto se encontraba la cláusula de castigar a las administraciones locales que no colaborasen en ese esfuerzo con un recorte de presupuesto. En Estados Unidos, las competencias de seguridad están en manos de los condados y las ciudades. Los cuerpos policiales federales, como el FBI o la Policía de Inmigración (ICE), no tienen suficientes agentes para lanzar grandes operaciones sobre el terreno.
La polémica amenaza estaba en la orden ejecutiva del 25 de enero pasado, en la que Trump incrementó los esfuerzos para detener y deportar a la mayor cantidad posible de inmigrantes indocumentados. Esta medida aumentaba el personal de la policía de inmigración, reducía a la anécdota los casos en los que se podía no detener y deportar a alguien y declaraba de facto deportables a todos los inmigrantes irregulares, en vez de centrarse en los que han cometido delitos.
El juez de San Francisco William Orrick consideró que la orden amenazaba con la retirada de "cientos de millones" de dólares de fondos federales necesarios para estas ciudades, por lo que consideró que esto puede violar la separación de poderes, el derecho al debido proceso y la prohibición de obligar a las administraciones locales a ejecutar políticas federales.
La demanda original contra el decreto fue presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara (donde está Silicon Valley), porque consideran inconstitucional la amenaza de retirarles fondos federales si no colaboran con la Policía de inmigración. A esta denuncia se han sumado al menos otras 34 ciudades, entre las que están Portland, Oakland, Seattle, Los Ángeles, Austin, Chicago, Denver o Jersey, además de California como Estado.
Como en los decretos migratorios, este caso aún no está resuelto de forma definitiva. Lo que ha hecho el juez es suspender la aplicación de la orden hasta que se decida sobre su constitucionalidad. Pero el hecho de que acepte una medida cautelar tan grave (frenar en seco una orden del presidente) indica que aprecia suficiente base en la demanda como para que pudiera ganar en un país donde se estima que hay aproximadamente 11 millones de indocumentados, de los cuales la mitad son mexicanos.
A pesar de que no se tiene un registro oficial de las "cuidades santuario", el fiscal general Sessions detalló a fines de marzo que tienen un a lista de 118 localidades que no colaboran con los esfuerzos de deportación de la Administración de Trump.
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