¿Cambios a la vista? El Gobierno presentó esta tarde un proyecto de ley de reforma electoral (puedes leerlo aquí) que, entre otros aspectos, propone el retorno a la bicameralidad y el fin del voto preferencial. 

A través de una conferencia de prensa, Fernando Zavala, jefe del gabinete ministerial, explicó que esta iniciativa quiere evitar que más personajes corruptos accedan a cargos de elección popular. 

"Necesitamos autoridades limpias para construir un nuevo país. [Esta] es una propuesta que se ha trabajado en coordinación con la bancada de Peruanos por el Kambio", dijo el primer ministro, que estuvo acompañado por Mercedes Aráoz, segunda vicepresidenta, Jorge Nieto Montesinos, ministro de Defensa, Marisol Pérez Tello, a cargo de la cartera de Justicia, Carlos Basombrío, titular del Interior, y Gilbert Violeta, congresista oficialista. 



Añadió que la propuesta del Ejecutivo se une a los esfuerzos desarrollados por una comisión especial del Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y organizaciones civiles como Transparencia. En ese sentido, Zavala recalcó que no espera que la iniciativa sea aprobada tal como está escrita, sino que se inicie un debate para llegar a un consenso. Este, sin embargo, no deberá extenderse mucho ya que el próximo año se llevarán a cabo los comicios regionales y municipales. 

"Resulta indispensable que el Congreso discuta y apruebe la reforma electoral en esta legislatura para poder llegar al año 2018 para saber que elegiremos autoridades limpias", afirmó. 

De acuerdo con la propuesta, el Parlamento estaría dividido en dos: la cámara de diputados y el Senado. Para integrar la primera, que contará con 100 miembros elegidos por regiones, se deberán cumplir los mismos requisitos que la norma exige para ser electo congresista. 

En tanto, para convertirse en senador se deberá contar con un mínimo de 45 años. La elección será por distrito único y en total serán electas 30 personas.   

El papel de la UIF

Otro de los aspectos medulares de la reforma electoral del Ejecutivo es el papel que jugaría la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la fiscalización de los ciudadanos que aspiran a postular a un cargo de elección popular. Así, esta institución podrá acceder al secreto tributario, bursátil y bancario de las personas que participen en las comicios internas de los partidos políticos (que de aprobarse la reforma serán obligatorias),  y de quienes sean elegidos en los procesos electorales. 

El dato

El Gobierno propone la reducción al 1% del padrón electoral de las firmas solicitadas a los movimientos políticos para ser inscritos en el JNE. 

[Foto de portada: Andina]

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