El lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y sus tierras circundantes en El Estor, son lugares de vital importancia para los indígenas Q'eqchi. Descendientes de los antiguos mayas, los Q'eqchi mantienen su vida cultivando y pescando. Defendieron su territorio de los españoles en el siglo XVI y cientos de años más tarde, están luchando por su tierra una vez más, esta vez contra su propio gobierno y las empresas multinacionales interesadas en aprovechar los depósitos de níquel.

En la década de 1960, el gobierno guatemalteco comenzó a otorgar permisos a multinacionales mineras en un intento de aprovechar el alza de los precios del níquel. Entre las minas establecidas durante esta fiebre estaba la mina Fénix. Dejó de operar en los años ochenta cuando el precio del níquel se estrelló, pero no sin antes descargar aguas residuales no tratadas en el lago Izabal y convertirlo en el lago más contaminado del país. 

El precio global del níquel se recuperó, y en el 2006, las empresas mineras regresaron a El Estor. El gobierno emitió un permiso para reiniciar la mina Fénix y expandir sus operaciones en la aldea Q'eqchi de Agua Caliente. Las fuerzas de seguridad de la empresa comenzaron a expulsar a la gente de sus tierras, violando los tratados internacionales que requieren el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

El líder indígena Q'eqchi, Rodrigo Tot, de 59 años, nació en el centro de Guatemala justo cuando el boom minero de los años sesenta estaba en marcha. Después de perder a sus padres a una edad temprana, se fue a vivir con su familia en Agua Caliente, cuando tenía 12 años. El pequeño pueblo se convirtió en su casa en la que creció, aprendió a cultivar, se casó y crió a sus hijos. 

Tot nunca recibió una educación formal, pero se enseñó a sí mismo a hablar español escuchando a otros -una habilidad valiosa para una comunidad indígena que estaba culturalmente privada del poder del resto del país-. Tot recuerda cómo funcionarios del gobierno y de la compañía nunca hablaron con la comunidad local sobre las minas. Los Q'eqchi sólo se enteraron cuando los mineros llegaron a su tierra para comenzar a trabajar. 

El miedo empezó a extenderse en la comunidad. La gente estaba preocupada de que estaban perdiendo su tierra y con ella, su sustento. Tot vio la necesidad de comenzar a reunir pruebas de la propiedad de la tierra de los Q'eqchi y en el 2002, como presidente electo de Agua Caliente, llevó esos documentos al gobierno y pidió los títulos de las tierras. Para su sorpresa, descubrió que varias páginas del catastro oficial habían sido removidas en un intento deliberado de negar a su pueblo sus derechos sobre la tierra.

El siguiente recurso de la comunidad fue llevar al gobierno a los tribunales. Tot encontró apoyo legal en el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas (ILRC, por sus siglas en inglés) y en la Defensoria Q'eqchi, una pequeña organización de derechos humanos en Guatemala. El equipo pasó años preparando su caso para establecer las reclamaciones legales de la comunidad sobre la tierra, incluyendo un estudio geográfico de Agua Caliente y la cadena de propiedad del territorio. Como una de las pocas personas de Agua Caliente que hablaba español, Tot tradujo todos los detalles de los trámites para la comunidad, organizó reuniones para ayudar a reunir evidencia y resolvió las dudas de la comunidad.

El 8 de febrero de 2011, dos años después de que la comunidad de Agua Caliente presentó su demanda, el Tribunal Constitucional emitió una decisión histórica. Reconoció los derechos de propiedad colectiva de los Q'eqchi, y ordenó al gobierno que reemplazara las páginas que faltan del registro y que otorgara títulos de propiedad a los habitantes de Agua Caliente. El fallo fue una sorpresa para los activistas ambientales e indígenas de todo el mundo que eran muy conscientes de la corrupción del sistema legal de Guatemala y se mostraron escépticos ante la capacidad de la corte para ver lo atroz que habían sido estas violaciones. 

La victoria llegó con un enorme costo personal para Tot. En 2012, dos de sus hijos estaban en un autobús con destino a Ciudad de Guatemala cuando fueron fusilados en lo que parecía ser un presunto robo. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió con graves heridas.

Mientras tanto, Tot y la búsqueda de la comunidad para asegurar los títulos de tierras continúan. El gobierno todavía tiene que hacer cumplir la decisión de la corte, mientras la compañía minera continúa su expansión. En respuesta, Tot estableció un grupo de vigilancia comunitaria para mantener a raya a los intrusos. En 2014, las fuerzas de seguridad intentaron entrar en el pueblo pero se retiraron después de un pacífico enfrentamiento dirigido por Tot. No han vuelto desde entonces. El caso ha sido escalado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se está revisando de forma acelerada.

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