Tras el "desplome" del Puente Solidaridad o Talavera, en San Juan de Lurigancho, por la crecida del río Rímac, a solo siete años de su construcción, salieron a la luz múltiples irregularidades respecto de esta obra que costó S/ 3.8 millones: la buena pro se le adjudicó a una empresa sin experiencia, la idoneidad de la presidenta de la Empresa Municipal de Administración de Peajes (Emape), entidad encargada del proyecto, está en entredicho, hasta un argumento insólito esgrimido por el gerente de infraestructura vial de Emape, José Justiniano, quien por cierto no se encuentra habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú.

Y ahora, la cereza del pastel la puso la Unidad de Investigación de El Comercio, que reveló una irregularidad más: el ingeniero contratado para supervisar la obra, Víctor Sánchez Moya, nunca hizo el trabajo de campo por el que se le pagó, es decir, no se cercioró, in situ, que el puente cumpliera con todos los estándares de calidad y seguridad que garanticen su sostenibilidad. Así, a estas alturas, ya no sorprende el aparatoso "desplome" de la estructura.

Sánchez Moya recibió el pago de Emape, a pesar de no haber hecho de lo que se le pidió en el contrato, que era tener una "participación directa a tiempo completo" en la supervisión de los trabajos de construcción del puente. ¿Cuánto dinero cobró? 143.500 soles.

El ingeniero justificó su ausencia en el lugar donde se ejecutaban las obras, al ser consultado al respecto. “No participé directamente por razones de salud en esa época”, le dijo a El Comercio.

Cuando le hicieron notar que el contrato exigía su presencia en el campo replicó: “No, no, no necesariamente […]. Seguro habré ido una vez, así, pero no, no, no que haya ido, pues, porque lo más importante son los procedimientos [sic]”.

Sánchez agregó que no dejó abandonado el trabajo para el que se le contrató, sino que un ingeniero asistente a su cargo supervisó las obras en el campo.

"Ese día a día lo ha hecho un ingeniero que tiene experiencia de campo y es quien estaba. No necesariamente debo estar yo […]. Mi trabajo es revisar el proyecto, se van haciendo los informes, pero el contrato lo tengo yo", alegó.

¿Quién le pagó, a pesar de que no cumplió con su trabajo?

Tras otorgarse la buena pro del proyecto, Emape encargó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) organizar la convocatoria para contratar al supervisor de la obra.

José Hernández, representante de la OEI Perú, le dijo a El Comercio que Emape aprobó los pagos y explicó que su organismo tenía una doble función: “Hacer la selección de la buena pro y pagarle al contratista conforme íbamos recibiendo las aprobaciones y las órdenes por parte de la empresa municipal. Emape es la que firma el contrato y la que tiene que fiscalizar que se cumpla”.

Más irregularidades

Lo peor de todo esto es que las entidades que debían fiscalizar que Sánchez Moya haga su trabajo no lo hicieron y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ni siquiera estaba al tanto de este contrato. Según El Comercio, el representante de la OEI señaló que Emape era la entidad la responsable de colgar esa información en la web de la OSCE.

DATO

Esta no es la primera vez que se cuestiona a la OEI. Su expresidente fue grabado junto al exministro Rómulo León en los llamados ‘petroaudios’ coordinando supuestos beneficios en obras con el Gobierno Regional de Áncash.

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