Luego de las continuas solicitudes para flexibilizar el estándar de calidad ambiental (ECA) por parte de posibles nuevos inversionistas para el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), el Ministerio del Ambiente (Minam) publicó un proyecto de Decreto Supremo que modifica los estándares de contaminación en el aire. En el caso del dióxido de azufre, el proyecto eleva el parámetro de emisión diario de 20 a 250 microgramos por m3.

Sin embargo, la nueva normativa también genera riesgos judiciales para Perú, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimara una demanda por US$800 millones interpuesta por The Renco Group –anterior propietario de Doe Run– en contra del Estado peruano en julio del año pasado.

En ese momento, The Renco Group calificó de “insignificante” la victoria de Perú, ya que el CIADI desestimó la demanda por motivos técnicos legales y no por cuestiones de fondo, situación que les permitiría presentar una nueva reclamación ante este instancia arbitral y subsanar los requerimientos.

El exministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal adelantó que este cambio normativo ambiental promovido por el Ejecutivo hace posible que The Renco Group gané la demanda por Doe Run, debido a que uno de los argumentos que hora podría alegar ante el CIADI un “trato discriminatorio”, porque se flexibilizará la normativa ambiental con otras empresas.

“Estamos en altísimo riesgo de que el Perú reciba una nueva demanda y la pierda. A Renco se le exigió un estándar que no pudo cumplir y ahora este se flexibiliza; entonces ellos podrán decir que fueron discriminados”, subrayó el exministro a Gestión.pe.

Al respecto, el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, rechazó que la norma que busca incentivar a los inversionistas interesados en el complejo de La Oroya implique un riesgo para el Perú en el caso del arbitraje de Doe Run. “No tiene conexión una cosa con la otra. El Perú es soberano para realizar las modificaciones que crea conveniente”, indicó el funcionario a Gestión.pe.

Impacto ambiental

Por otro lado, Pulgar Vidal manifestó que además del riego judicial surge otro problema de fondo, por la “innecesaria flexibilización” que se ha dado en la normativa ambiental, ya que afectará directamente la salud de las personas. La más importante es que en la mayoría de ciudades se cumple con el estándar de emisión máxima diaria de dióxido de azufre de 20 microgramos por m3.

“Ahora, con la flexibilización, la señal política es que ese estándar ya no será exigible y no habrá mayor control sobre las emisiones. Este es un retroceso a los estándares de los ochenta”, advirtió.

Finalmente, calificó como un error conceptual que se argumente que el cambio normativo fomentará la competitividad de nuestra economía, puesto que los estándares ambientales –según el exministro– “no son para generar competitividad sino para proteger la salud de las personas”.

(Foto de cabecera: RPP)

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