Nuevamente  se enciende las alarmas en el Congreso, tras la generación de suspicacias con la próxima elección de un magistrado del Tribunal Constitucional. Ahora, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha emitido un comunicado en el cual expresa su preocupación por lo que considera un intento ilegal de reforma constitucional que busca ampliar las detenciones preliminares hasta por 48 horas. 

"La propuesta de reforma constitucional surgida del fujimorismo y la bancada de gobierno constituye una grave amenaza a la vigencia irrestricta de los derechos de la libertad y debido proceso, y no alienta en sí mismo un mejor funcionamiento del sistema de adminitración de justicia para lograr una efectiva seguridad ciudadana que permita la tranquilidad de todas las personas", dice el pronunciamiento.

Para la CNDDHH esta modificatoria, de llevarse a cabo, puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos que se organizan para cuestionar el modelo económico. 

"La historia reciente de criminalización de la protesta social, de abuso frente a líderes estudiantiles y movimientos que se organizaron para defender sus derechos laborales, nos demuestra los altísimos riesgos que implica otorgar excesiva discrecionalidad a los agentes estatales para la detención de personas", recalca la institución defensora de derechos humanos. 

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, la Comisión de Constitución aprobó una propuesta (impulsada por Fuerza Popular), la cual señala que un detenido será puesto a disposición del Poder Judicial en un plazo máximo de 48 horas (y ya no 24) o en el término de la distancia. Este cambio no aplica para casos de tráfico ilícito de drogas, espionaje, terrorismo y delitos de crimen organizado. En estos casos, la Policía puede detener a una persona, de manera preventiva por no más de 15 días naturales. 

No hay olvidar tampoco que el Gobierno había propuesto ampliar el plazo de detención de 24 a 72 horas en caso de flagrante delito. 

"Esta iniciativa, surgida del fujimorismo y la bancada de gobierno, recibió apoyo unánime del Congreso en la primera votación de diciembre de 2016 en el marco del periodo anual de sesiones 2016-2017, quedando pendiente su segunda votación en el siguiente periodo anual 2017-2018, según manda el artículo 81 del Reglamento del Congreso. Sin embargo, a pesar que dicho periodo empezará recién el 28 de julio de 2017, esta votación figura en la agenda del Pleno desde la semana pasada", denuncia la CNDDHH. 

Hacia el final de comunicado se hace un llamado al Ejecutivo para pronunciarse sobre este tema. El pedido hace incidencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, exigen a los parlamentarios respetar las obligaciones internacionales que tiene el Estado peruano en materia de los derechos humanos. 

[Foto de portada: Andina]

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