Entre enero y marzo de este año 11 empresas proveedoras del Estado que fueron suspendidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debido a faltas considerables han sido habilitadas como contratistas gracias a medidas cautelares expedidas por distintos juzgados del país.

Uno de los casos más significativos es el de Maco Constructores, la cual fue sancionada con 47 meses de suspensión por haber presentado documentos falsos en un proceso de licitación. A pesar de ser castiga por el tribunal de OSCE, la compañía, con sede en Yurimaguas (Loreto), que entre 2011 y 2016 ganó contrataciones por más de S/68 millones con gobiernos regionales y locales de la selva, no aceptó el fallo y se dirigió al Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas.

Ya en esta instancia Maco Constructores argumentó que la OSCE había vulnerado sus derechos y de este modo consiguió una medida cautelar para continuar contratando con el Estado emitida por el juez Fernando Anastasio Querevalú.

Otro caso es el de la empresa Constructores Rimo, que fue sancionada por 47 meses de suspensión por el mismo motivo que Maco Constructores. Esta compañía facturó a gobiernos regionales y locales S/61 millones como proveedor de material de construcción, entre 2011 y 2016. al igual que Maco, tampoco aceptó la sanción de la OSCE y presentó una medida cautelar ante el Segundo Juzgado Mixto de Alto Amazonas, donde el magistrado Daniel Hinostroza Estrada aceptó el recurso que les devolvió la facultad de proveer al Estado.

En tanto, la compañía Seguridad Privada y Electrónica Perú es un especial, ya que suele ser contratada por el Ministerio de Justicia, el Banco de la Nación y los gobiernos regionales y locales del norte del país. Ha facturado con el Estado por el monto de S/181.5 millones entre 2009 a la fecha. Sin embargo, fue sancionado hace poco por 45 meses de suspensión por parte del OSCE porque, al igual que las empresas anteriores, presentó documentos adulterados para ganar la buena pro de una licitación.

La compañía Seguridad Privada y Electrónica Perú, que ofrece servicios de seguridad y vigilancia, solicitó una medida cautelar ante el Juzgado Mixto de Sechura, aduciendo que la OSCE había excedido en sus funciones y que se afectaba su derecho a continuar contratando con el Estado. Jorge Castañeda Rivadeneyra, titular de dicho despacho, también le dio la razón a la empresa.

También Administración de Servicios Complementarios, que ofrece labores de limpieza, fumigación y desinfectación, fue sancionada por 40 meses de suspensión, periodo en el que estaba impedida de contratar con el Estado. Anteriormente, había facturado por S/311 millones, especialmente con los hospitales Hipólito Unanue, Maria Auxiliadora, Dos de mayo y otros.

Otra de las empresas que solía proveer al Estado es Transportes Koochoy. Esta compañía ha contratado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Sedapal, Sunat y Corpac. Así como también la empresa Roger Luján que alquila vehículos de transporte al Seguro Social, Ministerio Público, Sunat y Onpe.

Transportes Koochoy suele ser proveedora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Sedapal, Sunat y Corpac. Y Roger Luján alquila vehículos de transporte al Seguro Social, Ministerio Público, Sunat y ONPE. Entre 2009 y 2016, Koochoy ha facturado nada menos que S/55.9 millones y Luján, S/4.4 millones. El juez Lenin Montoro fue quien emitió la medida cautelar para que ambas empresa puedan seguir contratando con el Estado, tal como lo hizo con Administración de Servicios Complementarios.

¿Qué dice el OSCE?

Los voceros de la OSCE explicaron que las medidas cautelares abren la posibilidad de que empresas sancionadas con la capacidad de licitar incurran en la misma falta por las que recibieron castigo. "Si un proveedor es sancionado porque presenta con frecuencia documentación falsa o inexacta, entonces al ser habilitado por una medida cautelar, el Estado será forzado a considerar dentro de los postores a una empresa que no está calificada y que no cuenta con estándares de calidad", señalaron a La República.

"También hay un daño moral el perjuicio del sistema porque la medida cautelar le permite a una empresa sancionada competir con otras que participan limpiamente en las licitaciones, trabajan con seriedad y ética. Estas van a decir: '¿De qué me sirve tramitar toda la documentación si hay una proveedora con malos antecedentes que está habilitada igual que yo?'. Eso es lo que sucede", indicaron.

DATOS

S/311 millones facturó la compañía Administración de Servicios Complementarios.

S/181.6 millones facturó la empresa Seguridad Privada y Electrónica Perú, de Lima.

S/68.3 millones facturó Maco Constructores, de Yurimaguas.

S/55.9 millones facturó al Estado Transportes Koochoy, de Lima.

(Foto de cabecera: La República)

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