La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se refirió a lo dicho por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien hace unas semanas manifestó que la colaboración de la empresa Odebrecht se encuentra en “stand by”, debido a que tenían la intención de seguir contratando con el Estado a pesar de los actos de corrupción cometidos en los últimos tres gobiernos.

“La colaboración de un delincuente es para reducir su pena, no es para amarrar al Estado ni para obligarlo a seguir contratando con una empresa que ha tenido prácticas corruptas”, consideró la titular de Justicia, en entevista con Correo, al ser consultada por el estancamiento en la colaboración de la constructora para determinar las responsabilidades de los funcionarios peruanos que según declaraciones de la misma empresa ascienden a US$29 millones.

Asimismo, confirmó que la procuraduría designada para este caso, a cargo de Katherine Ampuero, no tiene conocimiento del convenio preliminar acordado entre la compañía brasileña y el Ministerio Público, ya que no es responsabilidad de su cartera. No obstante, aseguró que para el Ejecutivo lo más importante será cautelar la reparación civil que la empresa deberá pagarle al Estado.

“[...] A Nosotros, como Ejecutivo, nos interesa cautelar la reparación civil, que el dinero que se ha extraído al Estado se quede acá hasta que se cumpla con todas las obligaciones, y que en paralelo se continúen las investigaciones con autonomía […] La Fiscalía está identificando responsabilidades penales; yo creo que los funcionarios de Odebrecht no están en condición de exigir nada. Por supuesto que su colaboración es importante, porque nos permite avanzar en una investigación”.

El legislativo frente a la comunidad LGTBI

Para Pérez Tello es evidente el retroceso en cuanto a la colaboración del Legislativo en la sanción de los malos policías promovida por el Ministerio del Interior y también en la protección a la comunidad LGTBI. En este último punto, la ministra indicó que es muy negativo para el Congreso haber modificado esta ley, puesto que los derechos de la población y la comunidad LGTBI ya están protegidos a nivel judicial y lo que se buscaba eran precisiones normativas.

“El tema de la violencia de género incorpora el principio de no discriminación. No lo digo yo, lo dice la norma. Pasa que podría haber desconocimiento de algunas de las personas que dieron las facultades y que no sabían que cuando se habla de violencia de género, se habla de prohibición de no discriminación y de categorías que están más expuestas”, manifestó.

En tanto, la ministra de Justicia adelantó que “van a incorporar a la comunidad LGTBI en el Plan Nacional de Derechos Humanos como una categoría que debe ser protegida”, como parte de su plan de lucha contra la discriminación que busca llevar a cabo el gobierno.

(Foto de cabecera: Correo)

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