La reciente contratación del abogado Mario Pablo Rodríguez Hurtado, por parte de la Municipalidad de Lima, para que ejerza la defensa legal de Giselle Zegarra por el caso de la negociación "bajo la mesa" con la empresa brasileña OAS cuando ya no era funcionaria, fue cuestionada por el regidor de oposición, Hernán Núñez.

En diálogo con Lamula.pe, Núñez cuestionó que se pague con dinero del sector público la defensa de Zegarra, tal como lo reveló el portal Útero.pe, por la investigación que se le sigue por la negociación que realizó con la empresa OAS, con la venia de Luis Castañeda cuando este aún no asumía la alcaldía de Lima, que fue considerada en su momento por la teniente alcaldesa Patricia Juárez como "un tema entre privados".

"Cuando salió la denuncia, ellos argumentaron que el caso era 'un tema entre privados'. Entonces, ¿cómo es que lo paga el sector público? (...) Con esto, la Municipalidad de Lima acepta tácitamente que no era entre privados".

Por ello, indicó que aunque la ley permite que el Estado contrate abogados para defender a exfuncionarios, recordó que esto es posible siempre y cuando sea por denuncias durante el ejercicio de su función; y no como en el caso de Zegarra, cuando ya no era funcionaria. 

También manifestó que la Municipalidad de Lima "tiene que aclarar cómo es el esquema de contratación" de Rodríguez Hurtado por la cifra de 72 mil 360 soles, sin concurso público de por medio.

HACIENDO MEMORIA

El 19 de octubre del año pasado, el portal IDL-Reporteros reveló que el alcalde Castañeda, dos semanas antes ganador de las elecciones municipales en Lima, negoció con la empresa brasileña OAS la cancelación del proyecto Río Verde, pese a que aún no había asumido la alcaldía.

La intermediaria de Castañeda fue Zegarra, quien durante los dos primeros períodos de este como alcalde (2003-2010) fue gerente de Promoción de Inversión Privada de la comuna limeña. 

Esto fue descubierto gracias a conversaciones por Whatsapp entre Zegarra y Léo Pinheiro, entonces presidente de OAS, cuyos registros estaban en poder de la justicia brasileña; y por correos electrónicos entregados por la exfuncionaria sobre el caso que llegaron por error a la bandeja de un periodista.

Por esto, la justicia ya investiga a Zegarra y a Castañeda, quien deberá aclarar no solo estas negociaciones ilícitas, sino cómo realizó la contratación para defender a su exfuncionaria.

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