Los abogados del opositor venezolano Henrique Capriles anunciaron este martes que pedirán medidas cautelares para suspender la inhabilitación de 15 años para ejercer funciones públicas impuesta por la Contraloría General de Venezuela.
"Estamos ahorita analizando, estudiando las distintas estrategias (...) ejercer un recurso de reconsideración ante el mismo contralor, o ejercer un recurso de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia", explicó Rafael Chavero, uno de los encargados de la defensa del actual gobernador de Miranda.
Asimismo, no descartó recurrir a instancias internacionales ni pedir medidas cautelares a estas si es que agotan las posibilidades en el territorio del país sudamericano.
"Estamos evaluando cuál de todas estas herramientas es la más indicada para hacer valer la defensa del gobernador".
Sin embargo, Chavero resaltó que Capriles seguirá siendo gobernador hasta que haya elecciones regionales ya que, por Constitución, la Contraloría no puede revocar el mandato de un funcionario electo por voto popular.
"Esas inhabilitaciones no están hechas para funcionarios de elección popular (...) eso es para funcionarios, en todo caso, administrativos (...) Pediremos las medidas cautelares que sean necesarias para suspender este acto claramente arbitrario y, bueno, esperando que haya algún espasmo de justicia y que de algún modo se respete nuestra Constitución y se suspenda esta inhabilitación".
La Contraloría de Venezuela inhabilitó el pasado viernes por un periodo de quince años al dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela por aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013.
Según la resolución enviada a Capriles, la Contraloría declaró su "responsabilidad administrativa" luego de haber celebrado tres convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido que el gobernador registró como donaciones.
Los acuerdos fueron firmados en 2010 y 2011 y dejaron a la Gobernación de Miranda ingresos extraordinarios por 96.630,05 bolívares (más de 22.400 dólares al cambio oficial de entonces), que fueron reflejados en el presupuesto como "donaciones y subvenciones".
Con este último acto, la Contraloría afirmó que se violó el artículo 150 de la Carta Magna venezolana, puesto que los convenios no recibieron la aprobación del Parlamento, que en ese momento controlaba el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
con información de efe y ntn24
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