El vicegobernador del Callao, Walter Mori, será el encargado de reemplazar en el máximo cargo en la provincia constitucional chalaca al ahora detenido gobernador Félix Moreno, sobre quien pesa un mandato judicial de detención preventiva tras se acuasado de recibir US$2 millones en sobornos de los US$4 millones que negoció con Odebrecht por las obras de un tramo de la Costa Verde.

Pero el problema es que Mori, general en situación de retiro que fue exviceministro de Orden Interno durante el segundo gobierno aprista, también enfrenta dos denuncias penales, de las cuales una tiene vinculación con el caso Lava Jato. El Ministerio Público lo acusó por colusión agravada junto a otros 21 funcionarios chalacos –incluido Moreno– por la sobrevaloración de las obras de renovación de la avenida Néstor Gambetta.

Las irregularidades en el proyecto Nuevo Gambetta, según Contraloría, empezaron desde la firma del expediente técnico, el 9 de diciembre de 2011. El estudio, que fue elaborado por el mismo consorcio ejecutor, estaba incompleto y con serias deficiencias al momento de su firma, lo que provocó que se desembolse S/. 19 millones, a pesar de que la modalidad de contratación Concurso-Oferta no permite adicionales de obra.

El proyecto no contemplaba en su presupuesto el PACRI o la tasación comercial de los predios que inevitablemente deben ser expropiados para la obra. El error costó 25 millones de soles. Multas sin cobrar, costos inflados y pagos por trabajos no ejecutados hicieron que el proyecto vial, estimado inicialmente en S/ 356 millones, terminara costando casi S/ 500 millones.

Las empresas brasileñas Andrade Gutiérrez y Quiroz Galvao, investigadas por el pago de coimas en Brasil por el megacaso de corrupción Lava Jato, participaron en el consorcio a cargo de las obras. De acuerdo a los informes de la Contraloría General de República, las obras de renovación y mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta habrían significado S/ 55 millones en perjuicio del Estado.

La segunda denuncia penal registrada contra Mori y otros 13 funcionarios del primer puerto se refiere a una acusación por colusión agravada y falsedad ideológica. Los implicados habrían organizado capacitaciones fantasmas en 6 millones de soles, en el 2015, según la denuncia. Por este caso, la Contraloría en paralelo a la investigación de la fiscalía del Callao, pidió la inhabilitación del vicegobernador, que en primera instancia fue aprobada, pero aún debe ser revisada por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. En un mes se debe saber si se ratifica o no la sanción.

(Foto de cabecera: Mauricio Malca)

Notas Relacionadas: