En medio de la protestas sociales y tensiones políticas en Venezuela, la Contraloría General de la República inhabilitó al excandidato presidencial Enrique Capriles, a la sazón el principal opositor del régimen de Nicolás Maduro, para ejercer cargos de representación popular durante los próximos 15 años.

El mismo Capriles dio cuenta de la sanción en su cuenta de Twitter:

Luego el también gobernador del estado de Miranda anunció que comandará la resistencia al régimen autoritario de Maduro en las calles. "El que ríe de último,ríe mejor! Nos veremos en las calles de Venezuela @nicolasmaduro No habrá descanso", tuiteó el opositor, quien recibió muestras de apoyo en redes sociales.

Una de estas fue del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski:

Capriles, quien está próximo a cumplir 45 años en julio, sabe que si esta polémica sanción se concreta, su carrera política estará liquidada, porque no podría volver a aspirar a un cargo público hasta que haya cumplido los 60.   

"A mi Maduro no me va a retirar de la política. Sólo me retiraría el pueblo de Venezuela", advirtió el gobernador de Miranda en una concentración pública al este de Caracas, ante miles de sus seguidores.

La inhabilitación de la Contraloría reconfigura el panorama político en Venezuela, porque la oposición tendría que buscar a otro candidato que enfrente al chavismo en las elecciones presidenciales de 2018.

Así, el régimen de Maduro saca del camino a dos de sus mayores opositores: Leopoldo López, preso desde hace más de tres años y sin posibilidad real de abandonar la cárcel en el corto plazo, y ahora Capriles, inhabilitado para ejercer cargo públicos.

"El Gobierno buscaba desde hace tiempo una medida para sacarme del juego. Pero no podía soportar la presión internacional que suponía tener a los dos principales líderes en la cárcel, así que optó por inhabilitarme".

Ahora, la única opción de la oposición parece estar en la resistencia social en las calles y la presión internacional, para lograr que Maduro y compañía no se queden mucho más en el poder; mientras que el oficialismo, por su lado y con la ayuda de algunas poderes públicos afines, quiere tener una oposición a su medida, en caso de que tenga que salir del poder.

Todo esto en medio de la condena internacional unánime por el autogolpe que se perpetró desde el Tribunal Supremo de Justicia con dos polémicas sentencias y la peor crisis económica de su historia, por lo que el régimen de Maduro ya tiene muy poco margen de maniobra para seguir posponiendo la fecha de las elecciones de gobernadores y de no retrasar con argucias legales los comicios presidenciales de diciembre del año próximo.

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