El escándalo de los "falsos positivos" es uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia, donde este lunes un juzgado de Cundinamarca condenó a 21 militares, entre ellos un coronel, el de más alto rango, a penas de cárcel de entre 37 y 52 años por crímenes de este tipo cometidos en el 2008. 

Los acusados fueron hallados responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato de Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, cinco jóvenes del municipio de Soacha, un sector muy humilde en las afueras de Bogotá. 

Entre finales de 2007 y principios de 2008, los militares de la Brigada Móvil 15 les habían prometido puestos de trabajo a las víctimas, pero unos meses después los hallaron sin vida. Fueron reportados como caídos en combate, en las regiones de Santander y Norte de Santander, a cientos de kilómetros de sus casas.

"No se trató de muertes en combate (...). Los militares organizaron una banda criminal. Son repetitivas las escenas en todos los casos en los que hubo desaparición forzada y concierto para delinquir", dijo la jueza durante la lectura de la condena para el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado y otros 20 soldados del Ejército Nacional, en una sentencia que ya es considerada histórica en Colombia.

Como tantos otros miles de civiles, estos jóvenes fueron engañados, asesinados y disfrazados de guerrilleros o paramilitares que sirvieron para que militares y altos mandos castrenses consiguieran beneficios económicos, vacaciones y ascensos durante el gobierno de Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010.

Pese al revuelo que causó el destape de los 'falsos positivos', e incluso a la presión internacional que obligó a Uribe a realizar una purga en el alto mando del Ejército colombiano, tuvieron que pasar casi diez años para que se impongan las primeras condenas por estos casos. En otros, ni siquiera se han imputado cargos.

En el juicio en mención, uno de los sargentos condenados confesó que recibió más de dos millones de pesos (poco más de 600 dólares) por dos de las víctimas. De acuerdo con el fallo, ninguno de los militares condenados podrá solicitar casa por cárcel, una de las modalidades para cumplir sentencias en Colombia.

El juzgado de Cundinamarca exhortó también al Ministerio de Defensa y al Ejército a que se dé una reparación simbólica a las víctimas y a sus familiares. Propuso en ese sentido que se construya un monumento en su memoria.

Parapeto legal

Este caso se resolvió en medio de una controversia legal, porque coincidió con la aprobación en el Congreso de la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP), como parte del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. ¿La razón? Una semana antes del fallo, otro juez se declaró incompetente para tramitar este juicio por el asesinato de los cinco jóvenes de Soacha. Los críticos al proceso de paz en Colombia sostienen que la JPL sirve como parapeto legal para muchos magistrados en el país.

En ese contexto, las madres de las víctimas de Soacha pidieron que se le niega al coronel Rincón Amado y a sus hombres acogerse a la JEP. "Permitir que este caso vaya al Tribunal de Paz sería un premio para los asesinos de mi hijo", dijo la señora Idaly Garcerá, madre de Diego Tamayo, según refiere el diario El Tiempo. 

Carmenza Gómez, madre de Víctor Gómez, lamentó que a los uniformados no se les haya impuesto la máxima pena legal por este tipo de crímenes en Colombia, que es de 60 años. "Llevándolos presos no me van a devolver a mi hijo, pero quiero que haya justicia y les den la máxima condena, cómo va uno a perdonar a alguien que le quitó a un ser querido", subrayó.

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