25 años después, el expresidente está en la cárcel, condenado por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos, pero el partido de Alberto Fujimori es mayoría en el Congreso y este es presidido por la fujimorista Luz Salgado. La memoria, sin embargo, puede fallarle a los peruanos. Por ello, este miércoles 5 de abril, organizaciones defensoras de derechos humanos preparan un evento conmemorativo sobre el autogolpe del 5 de abril de 1992.

"Entre diversas organizaciones y colectivos queremos reafirmar lo que significa el primer cuarto de siglo después del golpe de Estado perpetrado por el fujimorismo", afirman los organizadores de este acto de "memoria y lucha", que se realizará desde las cinco de la tarde en la Plaza San Martín en el Centro de Lima.

La Coordinadora Contra la Impunidad (CCI) considera que "hoy en medio de los fenómenos naturales que azotan nuestro territorio, nos destruye más la corrupción, nos destruye el abandono por parte de un Estado que no previene y sigue ausente a lo largo del país, beneficiando a unos pocos, a los de siempre".

Pero afirma que la reconstrucción del país no solo es necesaria por los desastres naturales, sino que también hubo un "desastre fujimorista, que hoy sigue vigente". 

"Reconstruyamos el país de 25 años de impunidad de delitos de lesa humanidad (miles de peruanos siguen desaparecidos y sin justicia), una estructura estatal construida desde una Constitución espúrea que favorece hoy la corrupción sistemática del Estado, 25 años de neoliberalismo que nos ha quitado derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la libertad sindical plena, el derecho a la educación, a la salud, al agua como derechos plenos y universales", afirman los organizadores del evento.

El evento también servirá para que los asistentes puedan llevar donaciones para los damnificados por las lluvias, huaicos e inundaciones por el fenómeno El Niño Costero, que va dejando hasta el momento 106 víctimas mortales.

En el 2009, Alberto Fujimori fue condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 26 personas, así como por delitos de corrupción, que según cálculos del historiador Alfonso Quiroz provocó que el Estado pierda anualmente US$ 2.038 millones por la corrupción de funcionarios.

Sobre el autogolpe del 5 de abril de 1992, el Informe Final de la CVR concluye que "significó el colapso del Estado de Derecho y mostró además la debilidad del sistema de partidos”.


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