La Defensoría del Pueblo señaló que el Proyecto de Ley N° 1027/2016-CR, presentado por las congresistas Alejandra Aramayo y Úrsula Letona (ambas de Fuerza Popular), "colisiona directamente con derechos y libertades reconocidas en la Constitución" como "la libertad de expresión y el derecho a la presunción de inocencia".
Como se recuerda, dicha iniciativa propone que ciudadanos investigados por corrupción (sin necesidad de sentencia) estén impedidos de dirigir medios de comunicación. Asimismo establece un veeduría ciudadana adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar "que los medios de prensa brinden información neutral y desinteresada".
"La Defensoría del Pueblo recuerda que, conforme a la Constitución y a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. En virtud de ella, el Estado solo puede restringir los derechos de una persona procesada en lo que sea estrictamente necesario para llevar adelante una investigación", señala el comunicado compartido en redes sociales.
Para la institución pública, si este proyecto llega a convertirse en ley, podría ser utilizado como una herramienta de coacción y presión contra los propietarios y directores de medios de comunicación.
Si bien es cierto que la Defensoría del Pueblo resalta la necesidad de generar políticas públicas para combatir la corrupción, estas -señala el pronunciamiento- no pueden atentar contra los derechos y libertades que la Constitución garantiza a los ciudadanos.
Proyecto en entredicho
Luego de hacerse público el Proyecto de Ley N° 1027/2016-CR, periodistas, miembros de la sociedad civil y abogados expresaron públicamente su rechazo. Así, Matt Sanders, presidente Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó que la iniciativa "es el mejor sueño que pudiera tener un gobierno opresor".
En tanto, Roberto Pereira, experto en libertad de expresión y acceso a la información pública y asesor jurídico del IPYS, explicó, en conversación con La República, que la iniciativa de la bancada de Fuerza Popular es inconstitucional "porque pretende regular, desde el Estado, la objetividad, veracidad, oportunidad y pluralidad de la información, a través de una medida que es manifiestamente absurda".
[Imagen de portada: tomada de asiesono.blogspot.pe ]
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