La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención al estado peruano por no cumplir con sus compromisos y plazos establecidos para los casos de las mujeres y familias afectadas por la esterilizaciones forzadas, ocurridas entre el año 1996 y el año 2000.
A través de su comisionado y relator para el Perú, Paulo Vanucchi, consideró que con no cumplir con sus obligaciones el estado está perpetuando la violación de los derechos de las afectadas y afectados, además de continuar con la denegación de justicia a los mismos.
En el marco del acuerdo de solución Amistosa por el caso de la esterilización forzada de Mamérita Mestanza Chávez el estado peruano tiene la obligación de:
→ Sancionar a los responsables de la esterilización forzada de María Mamérita Mestanza Chávez (ver caso aquí) e investigar todas las esterilizaciones forzadas ocurridas en el marco del Programa de Planificación Familiar y de Salud Reproductiva, implementados por el Perú entre los años 1996 y 2000.
→ La inscripción de Mestanza Chávez en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo); entrega de la beca de estudios de parte del Ministerio de Educación para su hijo Almanzor y la capacitación al personal de salud sobre reparaciones en caso de esterilizaciones forzadas de parte del Ministerio de Salud.
En una reunión de trabajo del 17 de marzo, realizada en la sede de la CIDH, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), y el Centro de Derechos Reproductivos (CDR o CRR) consideraron urgente tomar en consideración los siguientes puntos:
➫ La elaboración de un protocolo para que los defensores públicos incorporen los estándares y jurisprudencia relativa a las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas y al avance en el diseño de las políticas de reparaciones integrales, a favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas, como parte del nuevo Plan de Derechos Humanos.
➫ El diseño y coordinación de una política de reparaciones integrales a favor y con participación de las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú.
Archivamiento
En diciembre del 2016, la fiscal Marcela Gutiérrez decidió archivar la denuncia de 77 mujeres esterilizadas sin consentimiento. No se encontró responsabilidad ni en Alberto Fujimori, ni en sus exministros de Salud Eduardo Yong, Mariano Costa y Alejandro Aguinaga, ni tampoco el personal de salud implicado.
Las partes afectadas y la defensa legal esperan que se resuelva la apelación desde hace tres meses.
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