El año pasado, el congresista Carlos Tubino, de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley para la construcción de una carretera en la provincia de Purús, región Ucayali, que proponía "conectividad terrestre" entre las localidades de Puerto Esperanza e Iñapari.

Dicho proyecto generó temores en los habitantes de estas localidades. Según fuentes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, sus dirigentes manifestaron su preocupación por la afectación que podría generar al medio ambiente.

Además, expresaron que dicha carretera podría servir para el transporte de la minería ilegal, con consecuencias como las que conocemos en Madre de Dios.

Luego de varios meses, el proyecto de Tubino no tuvo el respaldo del grupo de trabajo parlamentario, que el pasado 8 de marzo aprobó un dictamen en mayoría que declara "de interés nacional el desarrollo sostenible" de la provincia de Purús.

"es imposible jurídicamente priorizar la conectividad terrestre entre Puerto Esperanza e Iñapari, debido a que colisiona con el marco legal vigente por su gran impacto ecológico y humano"

Este dictamen incorpora el concepto de "conectividad multimodal" entre puntos geográficos que deben ser establecidos por el Poder Ejecutivo, para evitar la violación de áreas naturales protegidas y derechos de los pueblos indígenas en esta provincia, "en especial de aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial".

Sobre la "conectividad multimodal", el dictamen indica que esta busca promover en Purús "su integración en condiciones de igualdad con el resto del territorio nacional". 

En cuanto al accionar del gobierno central, este debe implementar el Plan de Acción para la Provincia de Purús "creado mediante Decreto Supremo 038-2008-RE", que debe articularse "con el Plan de Acción Directa de la provincia de Purús aprobado por el Gobierno Regional de Ucayali".

La Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos también acordó que este dictamen debe pasar por un proceso de consulta previa, antes de ser aprobado por el pleno del Congreso.

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