El Gobierno, a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio de Justicia, ha logrado retener y embargar las cuentas del grupo Odebrecht en el Perú por más de 200 millones de soles, informó La República este lunes, al señalar que esta medida busca asegurar las reparaciones civiles que la empresa brasileña tendrá que pagar al Estado peruano por haber cometido actos de corrupción o evasiones tributarias en el país.

Sin embargo, esta situación podría traer consecuencias negativas en el ámbito social y económico en terceros que no tienen responsabilidad con los sobornos que Odebrecht pagó a funcionarios peruanos: los empleados y proveedores que se verían perjudicados con el embargo de las cuentas y suspensión de pagos a la constructora.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ya había advertido de esta situación en una entrevista donde comenta el proceso de salida de Odebrecht del país: “Es una empresa muy grande que tiene varias obras en marcha en el Perú y, obviamente, lo que debe haber es una salida gradual. (...) Estamos viendo cómo se retiran sin hacer daño a los proyectos”, dijo el mandatario.

Mientras las retenciones de la empresa seguirán aumentando, más aún cuando entre en vigencia la reglamentación del Decreto de Urgencia N° 003-2017 que crea un fideicomiso sobre las utilidades y la venta de bienes de las empresas que admitan haber cometido actos de corrupción en el Perú o reciban una condena por este delito. No obstante, aún no se define el tope mínimo y máximo del fideicomiso o de los fondos que deben permanecer en el país para el pago de reparaciones y por ello cada sector donde operan las empresas del grupo Odebrecht retiene lo que le parece.

rpp: sunat

Las retenciones en la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), la hidroeléctrica de Chaglla, gobiernos regionales y otros, ascendían a 85 millones de soles hasta la semana pasada. Por ejemplo, Electroperú habría retenido hasta el 40% de lo que paga por la energía eléctrica que se genera en la central eléctrica de Chaglla,lo que podría perjudicar el funcionamiento de la central si no puede pagar a sus proveedores.

En el caso de las cuentas congeladas, la Sunat ya ha autorizado –según el artículo 58 del Código Tributario– hacer embargos cautelares a las cuentas bancarias de Odebrecht por más de 15 millones de soles. Si bien la empresa brasileña no tendría deudas tributarias, el embargo preventivo es aplicable debido a que se supone que podrían tener problemas para pagar los impuestos futuros, por los procesos penales en trámite.

Hasta finales del año pasado, la Sunat había adoptado medidas cautelares por otros 173 millones de soles a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Odebrecht Latinvest Ductos, H2Olmos y el Consorcio Constructor Ductos del Sur, por reclamos pendientes en el pago de impuestos del 2010 al 2014.

Sin embargo, si se mantienen la serie de embargos en marzo –como han adelantado algunos proveedores– Odebrecht no tendrá liquidez para poder seguir pagando los sueldos y honorarios a sus 7.000 trabajadores ni los beneficios de los mismos si deciden retirarse de la empresa. Los proveedores, por su parte, ya están siendo perjudicados con esta medida.

Odebrecht ya ha tenido problemas para cancelar unos 34 millones en servicios o bienes prestados por 620 proveedores, que van desde bancos, compañías mineras, grifos y aseguradores hasta pequeños proveedores de papel, alimentos, hoteles, servicios de luz y agua. Incluso, dos campamentos del paralizado Gasoducto Sur Peruano habrían sido tomados y saqueados por proveedores desesperados por falta de pagos, según reportes no confirmados que llegaron a La República.

Mauricio cruz lopes

Entre los proveedores de la constructora brasileña aparecen Agroindustrial Paramonga, Bureau Veritas Nort América, Centro Diesel del Perú, Colegio Militar Leoncio Prado, Compañía Minera Antamina, Copex Com, Derco Perú, DP World Callao, ElectroLima, Electro Sur Este, Electro Centro, LC Bure, Latam, entre otros.

Hace unos días, el sucesor de Jorge Barata como representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz Lopes, envió una carta a Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), con la “finalidad de coordinar una reunión para tratar la eventual reparación civil que le corresponde al Estado”, por los sobornos que admitió haber pagado a funcionarios por obras públicas en el país. Pero funcionaria respondió que, según sus atribuciones, no tiene la facultad para tratar ese tema.

Príncipe remitió el pedido a la procuradora ad-hoc que ve el caso de la constructora brasileña,Katherine Ampuero, quien ya había adelantada que solicitará el pago de S/200 millones como monto inicial de la reparación civil para la empresa brasileña, por los al menos US$29 millones en sobornos que admitió haber pagado a funcionarios para ganar obras públicas durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

DATO

Los ministerios de Justicia y de Economía indicaron extraoficialmente que el Decreto Supremo 003-2017 se reglamentará esta semana.

(Foto de cabecera: OjoPúblico )

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