La comisión de investigación de la ONU sobre los crímenes perpetrados en Siria informó que tiene pruebas de que aviones sirios y rusos atacaron con bombas de racimo y armas químicas a la población civil de Alepo en septiembre de 2016. Paulo Sergio Piñeiro, jefe de la misión de Naciones Unidas, está dispuesto a entregar los resultados de las pesquisas al Kremlin.
La investigación no pudo reunir pruebas concluyentes de casos específicos para culpar completamente a una u otra nación porque las fuerzas marmadas de Siria y Rusia utilizan el mismo tipo de aviones y municiones.
Lo que sí encontró es la gravedad de los ataques. Recolectó una gran cantidad de material visual que muestra los remanentes de los ataques con bombas de racimo, de las que no solo se usó su versión convencional, sino también las de tipo incendiarias. Además que el número de incidentes incrementó desde septiembre del 2016.
El informe señala que el "tipo de la munición utilizada, las dimensiones del territorio atacado y la duración del ataque demuestran que fue planeado minuciosamente y perpetrado despiadadamente por la Fuerza Aérea siria para obstaculizar la entrega de la ayuda humanitaria y eliminar al personal humanitario de la misión, hecho que constituye un crimen de guerra".
El informe señala también que se confirma el uso continuo de gas cloro por parte de las fuerzas sirias, lo que "demuestra una clamorosa indiferencia por sus obligaciones legales internacionales y también equivale a un crimen de guerra por ataques indiscriminados contra la población civil".
La investigación se basa en la información facilitada por varios países e indica que el gas cloro no fue el único agente tóxico utilizado, pero sí el más frecuente, con al menos seis casos en los que se han reunido pruebas suficientes, además de otros en los que se utilizaron armas químicas improvisadas con otros productos, como amoniaco.
El número de voluntarios humanitarios fallecidos llega a 15 y hay otros 15 heridos por los ataques investigados desde octubre del 2016 .
Por su parte, Paulo Sergio Piñeiro, presidente de la comisión investigadora, explicó que no se ha acusado a Rusia de crímenes de guerra y que está dispuesto a entregar las pruebas si se las piden, señaló en una entrevista para Sputnik.
"Si Rusia quiere, puede debatirlo con nosotros: visitamos Moscú varias veces y mantenemos buenos contactos con la embajada rusa ante la ONU. [...] Nos incumbe solo entregar el informe al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Asamblea General y al secretario general de las Naciones Unidas".
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