El abogado Juan Monroy Gálvez, autor del informe legal en el que se basó el gobierno de Alejandro Toledo para entregar la concesión para la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica a Odebrecht, negó que el documento haya sido entregado antes del 4 de agosto del 2005, fecha en la que se firmó el contrato, durante su presentación en la Comisión Lava Jato del Congreso.
Al contrario, aseguró que recién el 4 de agosto del 2015 el entonces gerente de Proinversión, Percy Velarde, se comunicó con él y le solicitó vía telefónica un informe legal sobre la posibilidad de que Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galvao pudieran contratar con el Estado. Este pedido se hizo porque un día antes de la fecha señalada, la vicecontralora Rosa Urbina envió un documento al Ejecutivo en el que se indicaba que las empresas en mención no podían contratar porque mantenían juicios pendientes con el Estado Peruano.
El problema surge porque en el acta de ProInversión del 4 de agosto se usó un supuesto informe de Monroy para minimizar la observación que había hecho la Contraloría y proceder con la firma del contrato en Palacio de Gobierno, en un acto que encabezó el hoy prófugo expresidente Alejandro Toledo, acusado por la fiscalía de recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht por la Interoceánica.
"Consideramos que el oficio de Contraloría es inocuo respecto de la regularidad del concurso llevado a cabo por Proinversión, porque se refiere a sujetos distintos de los que conformaron los consorcios que se adjudicaron la Buena Pro. (...) no existe juicio iniciado a Norberto Odebrecht S.A., de manera que no genera ningún cuestionamiento respecto de la regularidad del concurso...", se lee en el acta.
Monroy aceptó que la cita que se muestra sí coincide con la de su informe, pero insistió que este documento lo entregó entre el 8 y el 10 de agosto, y no antes, por lo que dijo que las fechas fueron adulteradas.
"Es idéntica al documento que guardo, pero este documento yo no lo he entregado en esa fecha. Lo hice entre el 8 o 10 de agosto. No tengo los cargos, pero es imposible que lo hiciera el 4 de agosto. Tenía que ir a los juzgados y leer 8 expedientes y eso toma tiempo. Es imposible. Esa acta es irregular. Demandaré a los involucrados", aseveró ante los miembros de la Comisión Lava Jato.
De este modo, el abogado tomó distancia de las responsabilidades de los problemas que ello haya traído.
“Toda la información que hay en mi informe implica trabajo de decenas de horas. Yo soy responsable del contenido que hago. Si hay alguien que recibe esta consulta y, teniendo una función pública, la utiliza en otro contexto es terrible, muy malo”, sentenció.
Como se sabe, los tramos 2 y 3 fueron otorgadas a Concesionaria Interoceánica Sur, integrada por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales; y el tramo 4 lo ganó el grupo Intersur Concesiones, conformado por las brasileñas Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao.
(Foto de portada: La República)
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