Quieren calmar a las comunidades. Este martes, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, anunció una inversión de 2,000 millones de soles para 299 proyectos en la zona de influencia de la mina Las Bambas, a cargo de la empresa china MMG Limited, en Apurímac.

En su presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Tamayo afirmó que estos proyectos tienen el objetivo de mejorar la "calidad de vida" de los ciudadanos de esta zona. Precisó que de la inversión total, 425 millones de soles están destinados a proyectos relacionados a la agricultura.

Señaló que algunos de los programas están asociados a agua, saneamiento y electrificación. Uno de los proyectos es también la carretera para sacar los metales de Las Bambas y otro consiste en humedecer la tierra y evitar el polvo, uno de los motivos por los que los comuneros protestaron a fines del 2016.

MMG Limited, por su parte, entregó, el último lunes, una piscigranja a la comunidad de Carmen Alto de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas. El Fondo Social Las Bambas (Fosbam) hizo una inversión de 800 mil soles para esta obra que consta de 10 pozas de crianza de peces.

Estos anuncios se producen una semana después de que un grupo de ciudadanos de Challhuahuacho bloqueara la carretera hacia Las Bambas. El pasado 8 de febrero, este colectivo inició un paro indefinido, que finalmente fue suspendido tres días después con la firma de un acuerdo entre representantes del Poder Ejecutivo, autoridades locales y dirigentes de la zona.

El conflicto ambiental por Las Bambas se reactivó en setiembre del 2015, debido a las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que provocó el traspaso de la mina a la empresa china MMG Limited. Originalmente, estaba planeada la construcción de un mineroducto en Espinar, pero con los nuevos dueños se canceló y se decidió que los minerales (450 mil toneladas) sean trasladados en camiones por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades campesinas.

Además, un grupo de comunidades de Cotabambas y Gray piden que se aplique la consulta previa para este caso, ya que el artículo 7 de la Ley de Consulta Previa, que precisa los criterios para identificar a los sujetos de este derecho, indica que:

"Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo".

Al respecto, la Defensoría del Pueblo resaltó anteriormente que, en la zona del proyecto minero Las Bambas, hay comunidades campesinas quechuas, que tienen derecho a la consulta previa, en correspondencia con la ley vigente y en respeto al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.

(Foto de portada: La Plaza)

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