El tiroteo que se desató en el centro comercial Royal Plaza, en Independencia, donde Eduardo Romero Naupay, un vendedor ambulante de comida, asesinó a cuatro personas inocentes e hirió a otras nueve el viernes último en la noche, no es solo un asunto policial o uno de los primeros hechos de violencia de este tipo que suelen reportarse en EEUU y otros países desarrollados; hay por lo menos dos problemas graves subyacentes que si las autoridades no atienden, una tragedia como esta se puede volver a repetir en cualquier momento.

Uno es la facilidad con la que se puede conseguir un permiso para portar armas. La informalidad, la falta de control y la corrupción facilitan esta situación. Así lo reconoció el mismo jefe de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Rubén Rodríguez. 

"En los alrededores de la Sucamec, en Magdalena del Mar, existe un grupo de tramitadores que ofrece el certificado de aptitud para las licencias en policlínicos autorizados por el Ministerio de Salud", dijo en RPP el funcionario, quien además contó que en 2016 detectaron a tres reos del penal de Lurigancho que obtuvieron licencias perfectamente legales por intermedio de terceros.

En todo el Perú, hay 20 centros de salud privados registrados ante la Sucamec para entregar este certificado de salud mental. De esos, ocho se encuentran en Lima. ¿Quién los controla? ¿Cómo lo hacen?

De hecho, Romero Napuy tenía permiso para portar armas. Estaba vencido al momento en que perpetró el ataque en Independencia, pero lo más grave es cómo un sujeto como él, con desequilibrio emocional y rasgos psicopáticos, pudo pasar los test sicológico y psiquiátrico que se exige para estos trámites. ¿Cuántos como él tendrán una licencia para portar armas y representan un peligro potencial para la sociedad? Nadie lo sabe con certeza.

Lo que sí se sabe es que recién a partir del 3 de abril se empezarán a anular los permisos de armas que ya están vencidos. Según Sucamec, en la actualidad hay más de 260 mil personas que van por las calles con las licencias expiradas. El 2 de ese mes vence el plazo que regularicen su situación, pero lo más inquietante de todo es que no se sabe a quiénes realmente se están dando estos permisos.

Toda esta situación se originó en julio del año pasado, cuando se estableció, a través de la Ley N° 30299, o 'Ley de armas de fuego', la exoneración del pago de multas a quienes no habían regularizado su licencia. Inicialmente se les otorgó 180 días a estas personas para ponerse a derecho, pero luego el plazo fue ampliado 90 días más a través de la Resolución Ministerial Nº 1809-2016-IN, del pasado 3 de enero, emitida por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

¿Y la salud mental?

El otro aspecto grave que configura una bomba de tiempo es el tema de la salud mental en el país. El atacante del Royal Plaza tenía rasgos de un asesino en serie, según Humberto Castillo, director del Instituto Nacional de Salud Mental. Eduardo Romero tenía una personalidad solitaria, ideas vengativas y vivía atormentado por el suicidio de su padre cuando él era adolescente. Todo este cúmulo de aspectos y situaciones desencadenaron la matanza que perpetró el último viernes.

Romero -abatido por un policía de civil el mismo día del incidente- estaba dentro de ese 30% de personas que tienen problemas de salud en el Perú, según el Ministerio de Salud. La mayoría de escasos recursos. Y lo más grave, solo hay un psiquiatra para cada 300 mil peruanos.

Este es claramente un problema de salud pública que no se está atendiendo de manera coherente. En el Perú solo hay 700 psiquiatras y 1.500 psicólogos, pese a que los problemas mentales representan el 12% de las enfermedades en todo el mundo, según un informe internacional.

La Defensoría del Pueblo sostiene que para mejorar el acceso de la mayoría de personas a los tratamientos de salud mental en el Perú, se debe implementar centros especializados en los hospitales regionales y distritales del país.

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