El titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, acudió el jueves pasado a la Comisión Permanente del Congreso para explicar los términos y condiciones en los que se dio la firma de la adenda al contrato del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco, con el consorcio Kuntur Wasi, y alegó que el Gobierno optó por la mejor salida posible para concretar el proyecto.

Vizcarra volvió a cuestionar el contrato original de la concesión, que se firmó en la gestión de Ollanta Humala. "Era un contrato perjudicial para el Estado. Ese contrato tenía que modificarse y nosotros lo hemos modificado para beneficiar al Cusco, al Perú y al Estado (…). Nos ha tomado seis meses analizar y encontrar la mejor solución. La modificación es en beneficio del Perú", dijo.

Pero las explicaciones del titular del MTC no convencieron a los legisladores, pues luego de la presentación algunos congresistas pidieron su interpelación,  porque consideraron que las condiciones de la adenda firmada no benefician al Estado. Esto, a pesar de que en un primer momento algunos parlamentarios, sobre todo del fujimorismo (que hasta fueron al Cusco), se mostraron de acuerdo con el cambio en el contrato original para que se inicien las obras en Chinchero.

Una de las principales razones por las que un grupo de congresistas intentan interpelar a Vizcarra, según dijeron, es porque los 40 años de concesión no se han reducido, pese a que el Estado, al asumir los US$264 millones de financiamiento en la fase de construcción, le está brindando mayores facilidades al concesionario.

La iniciativa de la interpelación fue del congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde. Él argumentó que una de las empresas del consorcio está involucrada en el pago de coimas y que la otra no tiene solvencia económica. Agregó que una de las firmas supervisoras del proyecto será Graña y Montero, la cual es socia de Odebrecht, investigada por casos de megacorrupción en toda la región. Ante ello, el congresista demandó la renuncia de Vizcarra "por incapaz".

En tanto, el legislador aprista Mauricio Mulder señaló que la firma de dicha adenda está contaminada por la presencia de la hermana del primer ministro, Fernando Zavala, Ximena Zavala, quien trabaja para la empresa Kuntur Wasi. Esto pese a que el premier anunció que no ha participado en ninguna decisión tomada en el caso para evitar conflictos de interés.  

"Vamos a hacer coordinaciones con las otras bancadas. Estamos de acuerdo con que la salida del señor Vizcarra del ministerio será la consecuencia política de esto. La única salida para que esto no se dé es que se cancele el contrato. Si esto será difícil hacerlo, entonces que asuman su responsabilidad", dijo el aprista.

Vizcarra dijo que respeta la decisión que pueda tomar el Congreso; sin embargo, aseguró que no renunciará. Respecto a los 40 años de concesión, señaló que se podría analizar de acuerdo a la estructura financiera del proyecto.

La eventual interpelación aún está solo en intenciones, pero la posición que adopte el fujimorismo, que controla el Congreso con 73 de 120 escaños, será decisiva. De momento, el vocero de esta bancada, Luis Galarreta, sostuvo que las explicaciones brindadas han dejado ciertas dudas.

La semana pasada el Ejecutivo firmó la controvertida adenda y el presidente Pedro Pablo Kuczynski puso la primera piedra para el inicio de las obras del aeropuerto de Chinchero, luego de marchas y contramarchas que generaron las protestas de las autoridades y ciudadanos del Cusco que demandaban el inicio inmediato de las obras.

Esta adenda ha sido fuertemente cuestionada por políticos, especialistas y periodistas porque señala que el Estado asumirá el 80% del financiamiento y entregará el manejo del terminal por 40 años a la empresa que solo aportará el 20%. En estas condiciones -señalan- la obra debe ser asumida por el Estado en su integridad y dejar de lado a Kuntur Wasi, pero en el Ejecutivo alegan que ya hay un contrato firmado y que rescindirlo saldría muy oneroso para las arcas públicas.

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