Este miércoles 8 de febrero es un día decisivo para el alcalde de San Borja, Marco Álvarez, pues podría convertirse en la segunda autoridad electa en la historia del Perú en ser condenada por delitos contra los derechos humanos.
Ese día, la Sala Penal Nacional, en una audiencia que comenzará a las cuatro de la tarde, decidirá si atiende el pedido de la Fiscalía, que ha solicitado 25 años de prisión para Álvarez, por su responsabilidad en la desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar en 1989.
Para llegar a esta audiencia, han pasado seis años, con dilaciones de parte de la defensa de Álvarez, que han pasado desde las inasistencias por motivos de salud de éste, y una sentencia absolutoria incluida. Sin embargo, ha llegado la hora decisiva del caso.
UNA DESAPARICIÓN FORZADA
El 6 de noviembre de 1989, en Huancavelica, Lucho Manrique Escobar fue secuestrado por efectivos militares de su domicilio, donde se encontraba junto a su esposa y sus hijos, en momentos en que se había dispuesto el "toque de queda" en esta ciudad andina.
Manrique Escobar trabajaba en el área de impresiones de la Corporación de Desarrollo de Huancavelica (antecesora del gobierno regional), y había sido citado a la oficina del jefe político militar de la zona, el entonces coronel Marco Álvarez, para que explique el ingreso de integrantes de Sendero Luminoso,que obligaron al empleado a imprimir volantes contra las elecciones municipales de ese año.
Los captores de Manrique Escobar lo condujeron al recinto llamado "Casa Rosada". Desde entonces, nunca más se supo de él, pese a que su esposa fue a reclamar a los militares e incluso puso una denuncia en el Ministerio Público.
UN JUICIO QUE ESPERÓ AÑOS
Luego de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2003, el Ministerio Público reabrió el caso, y presentó una denuncia contra Álvarez, quien ese mismo año fue elegido regidor en San Borja.
En 2007 asumió como teniente alcalde, ya como militante del Partido Popular Cristiano (PPC); y en 2011 llegó a ser alcalde de San Borja. En diciembre de ese mismo año, se abrió un proceso judicial contra Álvarez, quien fue absuelto un año después. Ante esto, la Fiscalía y la defensa legal de las víctimas, a cargo del Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron un recurso de nulidad.
A mediados de 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema anuló el fallo y se inició un nuevo juicio, al cabo del cual la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para Álvarez por el delito de desaparición forzada. De ocurrir esto, el alcalde de San Borja será, junto a Alberto Fujimori, el segundo caso de una autoridad electa condenada por violaciones a los derechos humanos.
Foto de cabecera: Andina.
Notas relacionadas en Lamula.pe:
La justicia a ritmo de tortuga: Vuelven a postergar el juicio a alcalde Marco Álvarez
