Donald Trump no la tendrá fácil para imponer su polémico decreto que veta la entrada a EEUU a refugiados e inmigrantes de naciones de mayoría musulmana. Tras su primer revés judicial que bloqueó en parte la aplicación de este medida, ahora un grupo de fiscales generales de 16 estados emitieron el domingo una declaración conjunta en la que condenan la orden presidencial que ha desatado el caos y la confusión en los aeropuertos dentro y fuera de EE UU ante las dudas de quién puede o no entrar en el país.
"Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump", afirman los magistrados, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.
En el mismo partido de gobierno han surgido críticas y dudas respecto al decreto de Trump, quien en las última horas ha desplegado una estrategia de defensa de la medida, en medio de las protestas que sacuden varias ciudades del EEUU. A través de un comunicado conjunto, los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain expresaron su temor de que el veto "ayude más a reclutar terroristas que a mejorar nuestra seguridad", y subrayaron que la orden ejecutiva entró en vigor sin que la Casa Blanca consultase con el Departamento de Defensa, de Estado ni de Justicia, todos ellos están involucrados en su puesta en funcionamiento.
Pero el respeto por las formas, los procedimientos y la institucionalidad parecen no estar dentro de la agenda de Trump en la Casa Blanca. De hecho, ya su jefe de gabinete, Rience Priebus, dijo este domingo que el Gobierno no descarta "llevar aún más lejos" el decreto emitido el viernes último contra la inmigración y que la lista de siete países -Irak, Siria, Sudán, Irán, Libia, Somalia y Yemen- puede verse ampliada "a su debido tiempo".
Priebus señaló en entrevista en la cadena NBC que el veto no afecta a quienes ya poseen un permiso de residencia legal en EEUU, conocido como Green Card, pero luego agregó que esas personas serán sometidas a "un mayor escrutinio” y que la veintena de afectados que aún están detenidos "podrán salir al exterior en pocas horas mientras no se demuestre que son mala gente".
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