Apuntó al mandatario. El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) criticó a Pedro Pablo Kuczynski por señalar que Graña y Montero (GyM) puede volver a participar en la licitación del llamado Gasoducto Sur Peruano. "[El presidente] Está tratando de salvar a sus amigos", afirmó en declaraciones para Exitosa Noticias.
Como se recuerda, la firma peruana integraba un consorcio con la española Enagás y la brasileña Odebrecht, investigada en varios países por pagar sobornos a funcionarios públicos. Precisamente, el jefe de Estado ordenó el 24 de enero, tras vencerse el plazo para el cierre financiero, ejecutar la penalidad al consorcio.
El legislador señaló que GyM no puede participar porque fue parte de ese consorcio que no cumplió con el contrato que firmó con el Estado. A su vez, indicó que la empresa peruana "sí conocía" de los sobornos que pagó la constructora brasileña. En otras palabras, el parlamentario considera poco creíble que Odebrecht solo compartía ganancias pero no los gastos de las coimas.
"Es una manera de lavarle la cara de la corrupción. No se puede aceptar que los socios de Odebrecht continúen. El delito, si bien lo ha cometido el consorcio, ellos tienen responsabilidad solidaria", explicó el integrante de la Comisión Lava Jato.
Rapidez para la Interoceánica
Una investigación de La República revela que la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur fueron adjudicados, en tiempo récord, a un consorcio integrado por Odebrecht y GyM.
De acuerdo con el diario, el comité de adjudicación, integrado por miembros de Proinversión y bajo la presidencia de Sergio Bravo, otorgó (en el 2005) la construcción de las obras a dicho consorcio, a pesar de que la Contraloría General advirtió a los funcionarios que GyM, Odebrecht y Queiroz Galvao (firma que formaba otro consorcio con Andrade Gutierrez y Camargo Correa para adjudicarse el tramo 4) tenían juicios pendientes con el Estado y, por lo tanto, estaban impedidas de ejecutar obras públicas.
¿Qué se hizo entonces? Se contrató a un abogado para analizar este 'impasse' y proponer una solución. Esta llegó el mismo día 45 minutos después de suspenderse la sesión de adjudicación. A Odebrecht y GyM se les exigió una carta fianza que les obligaba pagar el 10% en beneficio del Estado (el proyecto estaba valorizado en US$800 millones) en caso no cumplieran con el contrato. Con ello se procedió a la firma de los contratos.
"La decisión fue comunicada al Comité por el Director Ejecutivo de Proinversión (René Cornejo Díaz). Fue el Consejo Directivo el que nos instruyó a continuar con el proceso de cierre (a favor de las empresas brasileñas). Luego se procedió con la firma de los contratos", explicó Bravo a La República.
Durante la sesión de concesión, llevada a cabo el 4 de agosto del 2005, estuvieron siete ministros de Estado. Entre ellos, Carlos Ferrero, exprimer ministro; Alfredo Ferrero Diez Canseco, exministro de Comercio Exterior, y Pedro Pablo Kuczynski, entonces representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
[Foto de portada: Andina]
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