La entidad Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés) presentó el lunes 23 de enero, una demanda contra el presidente Donald Trump en una corte de Manhattan, en Nueva York, por violar una cláusula de la Constitución que prohíbe a potencias extranjeras, incluyendo gobiernos, hacer pagos o dar regalos al presidente sin la aprobación del Congreso.
La denuncia señala que “nunca antes el pueblo de los Estados Unidos eligió a un presidente con intereses comerciales tan vastos, complicados y secretos como los de Donald J. Trump, creando innumerables conflictos de intereses, así como una influencia sin precedentes de gobiernos extranjeros”.
Para que el debutante presidente de EEUU cumpla los mandatos de la Constitución del país que gobierna, tendría que suspender toda relación comercial con su imperio empresarial, que incluye sus negocios con entidades extranjeras, de las cuales varias encuentran vinculadas a distintos gobiernos del mundo.
Entre los miembros de CREW está el académico de la Universidad de Harvard Laurence Tribe y los asesores de ética de los presidentes Barack Obama y George W. Bush. Noah Bookbinder, director ejecutivo de la organización civil, dice que Trump se rehusó a desvincularse completamente de sus negocios. “Él está recibiendo dinero en efectivo de gobiernos extranjeros, a través de invitados y eventos en sus hoteles, alquileres en sus edificios y valiosos acuerdos de bienes raíces en el exterior”, explicó.
Es decir, para los demandantes, el magnate neoyorquino violó la Constitución desde su asunción de mando, el viernes 20 pasado, cuando juró “defender a los Estados Unidos de todos sus enemigos, extranjeros y domésticos”, porque cuando Trump negocie como presidente acuerdos comerciales con países en los cuales tiene negocios, los estadounidenses no sabrán si su mandatario también considerará sus beneficios empresariales.
Por su parte, Trump, según su interpretación constitucional, sostiene que el presidente no está sujeto a las regulaciones sobre conflicto de intereses. Sin embargo, anunció el pasado miércoles 11 de enero el traspaso del control de sus negocios y activos por 3.600 millones de dólares a sus hijos Erick y Donald Jr, pero esta decisión no ha convencido a sus opositores que sostienen que el conflicto de intereses se mantiene.
Mientras tanto, Eric Trump, el segundo hijo del presidente de EEUU, declaró en una entrevista para el New York Times que la demanda de CREW es “puramente acoso para ganancia política”, y calificó la decisión como “muy, muy triste”.
El magnate se negó a publicar sus declaraciones de impuestos durante la campaña, al alegar una “auditoría pendiente”. Pero ahora su asesora Kellyanne Conway confirmó que tampoco las divulgará como presidente. Por ello, los portavoces de CREW declararon que, si la demanda es acogida, exigirán que Trump cumpla con difundir sus declaraciones de impuestos para que el público sepa con exactitud cuáles son esos intereses privados en toda su extensión.
(Imagen de portada: agencia Efe)
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