Mulero invitado: Alan Fairlie, economista de la PUCP
El ministro de Economía, Alfredo Thorne, ha señalado que se ha iniciado un proceso de reformas estructurales que no se hacía en 15 años, en dos niveles: impulsar la infraestructura y aumentar la productividad vía la mayor formalización. Precisó que las normas publicadas se trabajaron en función a tres factores: acelerar la inversión en infraestructura, mejorar la productividad y formalización, y garantizar la estabilidad macroeconómica.
Son objetivos plausibles. La discusión es si permitirán acelerar la formalización, y si esta contribuirá al crecimiento económico (gracias a los emprendedores y la clase media).
Mypes
Un primer paquete está referido a los impuestos. Con el decreto 1311 se modifica el código tributario para reducir diversas multas (eliminación de deudas menores a 1 UIT), el decreto 1269 crea el régimen Mype tributario del impuesto a la renta (10% de impuesto a la renta). El decreto 1270, modifica el RUS, creando regímenes simplificados en dos categorías; el decreto 1259 establece devolución del IGV para mypes que inviertan en maquinaria y equipo. El decreto 1258 permite descuento del pago de impuesto a la renta de gastos de vivienda, honorarios médicos y servicios profesionales. El decreto 1262 busca generar liquidez para financiamiento de pymes exonerando 5 nuevas clasificaciones de valores del impuesto a la renta.
El Decreto Legislativo 1261 aumenta el impuesto a las rentas empresariales (de 28.5% a 29.5%), buscando aumentar la recaudación tributaria. Otra medida con el mismo objetivo, es un régimen temporal para declaración, y repatriación de rentas extranjeras no declaradas (Decreto Legislativo 1264).
Al margen de la efectividad de su implementación y las críticas a lo engorroso que puede ser su administración, se puede considerar que son medidas positivas. El supuesto (que varios discuten) es si generará una formalización significativa.
Las grandes inversiones
El otro paquete está referido a fomentar la inversión, impulsando la asociatividad público-privada. El Decreto Legislativo 1250 amplia los sectores beneficiarios y elimina el límite máximo de 15,000 UIT. El Decreto Legislativo 1251 modifica la legislación de APP y la estructura de Proinversión, para que esté en diferentes fases de la misma.
El Decreto Legislativo 1252 elimina el SNIP y crea el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, buscando reducir tiempo y trámites para la aprobación y ejecución de proyectos en los gobiernos locales y regionales. La eliminación del SNIP era un clamor de los gobiernos regionales, el tema es si el nuevo mecanismo resolverá los problemas existentes, sobre todo en las atribuciones y recursos que necesitan.
Este segundo paquete es para los grandes inversionistas. Aquí hay un debate importante sobre el resultado de las concesiones y APPs. En el primer caso, las experiencias exitosas, no solo tuvieron adecuados sistemas de regulación, sino también leyes antimonopolio, que regulaban fusiones y potenciales abusos de poder monopólico. En el segundo caso, el estado debe ofrecer suficientes garantías, para que las inversiones se lleven adelante. Sin embargo, hay discusión sobre si existe la necesidad de tales garantías, y sobre todo, las cargas fiscales que debe asumir el estado generando desequilibrios fiscales no desdeñables. A ello se suma la corrupción detectada en empresas que lo han utilizado como una práctica sistemática para maximizar ganancias.
Estándares laborales y ambientales
Lo que se ha criticado es que este paquete de medidas para “promover” la gran inversión, ha venido acompañado con decretos en el ámbito laboral (decretos legislativos 1246 y 1310) que debilitaría derechos de los trabajadores. Las empresas ya no deberán inscribir en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo los contratos con sus trabajadores y las capacitaciones que les dan, sino se realizará a través del uso de la planilla electrónica. Se ha nombrado una comisión en el Ministerio de Trabajo que profundizaría una reforma en la misma dirección.
Lo mismo ocurre en lo ambiental. Según Cooperacción, con el Decreto Legislativo 1320 la concesión caduca al vencimiento del año 30 y además se establece una gradualidad en el pago de la penalidad. Lo que hace es permitir a quien no quiere o no puede invertir, mantener la concesión por un largo tiempo sin utilizarla.
El riesgo con este tipo de medidas es que se pueda generar especulación de quién compra para luego vender. Permite que el pago efectuado como penalidad pueda ser deducido del impuesto a la renta como gasto tributario.
Para el SPDA, el Decreto Legislativo 1319, establece medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. Preocupa, que las autoridades regionales cuenten con presupuesto suficiente para poder operacionalizar las medidas consideradas, máxime considerando que la norma (Artículo 11º) indica “no demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, lo cual es contraproducente a los objetivos de la misma. Si el Estado busca contar con productos forestales y de la fauna silvestre legales, debe invertir.
El Decreto Legislativo 1293 busca formalizar la minería artesanal y pequeña minería en el Perú. El exministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal advirtió los peligros que podrían surgir a raíz de incluir nuevos mineros además de los 70 mil registrados. Abrir la puerta a operadores con supuestas concesiones es peligroso, más cuando no hay capacidad para establecer si tenían o no concesión. Es una puerta para operadores que están en zonas prohibidas y que van a alegar que sí tenían concesión antes del 2010, para formalizarse ahora.
Respecto al Decreto Legislativo 1351, específicamente la disposición complementaria que, según advirtió, permitiría que los que realicen actividades fuera de la legalidad, se les perdone el delito y puedan librarse de las sanciones.
No está claro entonces que los objetivos que se buscan por el ministro de Economía se cumplan. Mejora algo las mypes, favorece la grandes inversiones sin resultado cierto y se rebajarían estándares laborales y ambientales para un mejor clima de inversión. Es decir, profundizar la política seguida en los últimos años. Es una “reforma” que seguramente contará con el apoyo de la mayoría del Congreso, que comparte el proyecto.
