Mulero invitado: Aníbal Velásquez, exministro de Salud
El Seguro Integral de Salud (SIS) ya no será un seguro público sino un programa social para pobres. El SIS fue una exitosa política de Estado y muy valorado por la población (Imasen 2015: 95% cree que el SIS mejora su salud).
Con el Decreto Legislativo 1346 “todo asegurado al régimen subsidiado por afiliación regular deberá contar con su clasificación socioeconómica en el Padrón General de Hogares…”, en consecuencia automáticamente se quita el derecho a una cobertura universal en salud a las gestantes y los niños al derogar la norma que lo reconocía. El Decreto Legislativo 1164 otorgaba el aseguramiento universal a toda gestante, recién nacido y niño menor de cinco años a partir del año 2015. Ahora las gestantes y niños que no son pobres o no están en el Padrón General de Hogares ya no tienen el derecho al SIS. El Programa Bienvenidos a la Vida estaba amparado por esta norma porque el recién nacido, además de la afiliación al SIS recibía el DNI del recién nacido y una caja cuna con un kit de cuidado del bebé. Este programa también sería afectado.
El SIS no podrá proteger a los más pobres que viven en áreas inaccesibles, porque se deroga la focalización geográfica. Tampoco podrá cubrir a las personas que no residen en la unidad de empadronamiento como centros penitenciarios, albergues infantiles y juveniles, centros juveniles de rehabilitación, y personas en situación de calle. La medición socioeconómica a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) requiere visitas domiciliarias continuas que son operativamente imposibles y de alto costo en zonas alejadas de la sierra y la selva. Esto quiere decir, que si los más excluidos no pueden ser evaluados por falta de capacidad del Midis, entonces no podrán estar en el padrón de hogares y no podrán tener cobertura del SIS. Así los que más necesitan serán los más excluidos del SIS.
No se necesita un decreto legislativo para hacer que el SIS sea más eficiente, solo tienen que cumplir la norma y depurar continuamente el padrón de beneficiarios y retirar a los que no califican por no ser pobres ni población vulnerable. En este momento, según la normativa actual más de 700 mil ya debieron haber sido depurados del padrón de beneficiarios del SIS, porque el estatus de los afiliados es muy dinámico, las personas pueden cambiar en poco tiempo su estado de vulnerabilidad y nivel socioeconómico. Y el Midis tiene que reportar continuamente estos cambios para que el SIS retire a los que no cumplen con la normativa de pertenecer al SIS.
Por ejemplo, una gestante y su recién nacido eran afiliados al SIS por no tener seguro sin importar su nivel socioeconómico (porque el Estado reconocía el derecho de las gestantes y bebés en gestación hasta los cinco años de edad con el Decreto Legislativo 1164 de 2015). Luego, si la madre no es pobre debería perder la afiliación cuando nace el niño y si el niño cumple cinco años también deberían salir del padrón de afiliados al SIS. Entonces, si no se retira del padrón del SIS es una falta administrativa que se puede corregir con mejores sistemas de control. Sostengo que no es necesario hacer un decreto legislativo que afecta estos derechos porque no se hace un buen trabajo de control. Para un burócrata es más fácil quitar un derecho para evitarse el trabajo de hacer un buen control.
Antes de este decreto, el aseguramiento en salud era el instrumento de política para incrementar el financiamiento del sistema de salud. Reconocer el derecho a la salud elimina la barrera económica y obliga a incrementar recursos para responder a la mayor demanda con más infraestructura, recurso humano, equipamiento, medicamentos e insumos.
El SIS venía reduciendo la barrera económica en las zonas más pobres del país. El año 2015 fueron realizadas 65.9 millones de atenciones; 63% más que 2013. Además en la Enaho se muestra que se redujo la población que no acudía a los servicios por falta de dinero (25% el año 2004 a 10% el año 2014. En Huancavelica y Apurímac se redujo más, 39% a 3%).
El SIS al ser un programa ya no podría modular el comportamiento prestacional y mejorar los resultados sanitarios. El SIS venía implementando desde hace algunos años mecanismos de financiamiento condicionados al cumplimiento de metas orientadas principalmente a fomentar la actividad preventiva en el primer nivel de atención. Así, a partir de 2013, los convenios de pago capitado entre el SIS y los gobiernos regionales permitieron incrementar las prestaciones preventivas en salud en 67%, produciéndose una reversión en la relación atención preventiva versus atención recuperativa. Este ratio de prestaciones preventivas aumentó de 0.69 en el 2011 a 1.28 en el 2014.
Otro aspecto que sería afectado con esta norma es la función de compra de servicios que el SIS tenía como Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud. Así, en situaciones de discontinuidad en la atención pública, de limitación en la oferta o de sobre demanda de servicios, se pudieron realizar atenciones de salud gracias a la posibilidad del SIS de comprar servicios a proveedores privados, así como para el traslado de pacientes y acompañante desde zonas alejadas a la capital para recibir atención especializada y de emergencia. El financiamiento del SIS de servicios de emergencias ha salvado muchas vidas desde niños, ancianos y nativos de la Sierra y Selva, porque en situaciones de emergencia no hay tiempo para esperar una cama disponible en el sector público. La medida de restringir las emergencias a un mecanismo burocrático, es decir que alguien del Ministerio de Salud tiene que evaluar que no existe capacidad en el sector público, pondrá en riesgo la vida de personas. Existe normativa suficiente para sancionar a los funcionarios que hacen mal uso de la atención de emergencias y no es necesario un decreto legislativo para controlar actos de corrupción (tampoco lo resolverá).
Antes de afectar derechos y quitarle funciones de seguro público al SIS, debería incrementarse recursos al sector salud.
Perú es uno de los países con menor gasto en salud en las Américas. El año 2014, el gasto total percápita fue US$359 y el % del PBI 5.5%, mientras que Brasil US$947 y 8.3% del PBI, Chile US$1137 y 7.8%, y los países miembros de la OCDE US$4741 y 12.4% (OMS. Global Health Expenditure database). Las evidencias muestran que Perú ha sido muy eficiente con los pocos recursos, porque fue el primero que mejoró 33 indicadores de salud durante 1990-2015 ((Naciones Unidas, Lancet, Setiembre 2016).
Cambios tan importantes que afectan los derechos de los peruanos y políticas de Estado requieren un amplio debate como el que se dio en el Acuerdo Nacional, donde todos los partidos políticos, gremios y sociedad civil se comprometieron a fortalecer el SIS como un seguro público para avanzar hacia la seguridad social universal en salud. El Decreto Legislativo 1346 vulnera este compromiso sin haber tenido facultades legislativas para salud.
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