Durante la campaña electoral, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) prometía 'Oro Limpio', en referencia a la minería informal e ilegal que afecta al Perú, en especial a regiones como Madre de Dios, Loreto, Puno y Ucayali. 

El plan de PPK decía lo siguiente:

Ahora en el Gobierno, como parte de las facultades legislativas que delegó el Congreso, el Poder Ejecutivo ha emitido 112 decretos legislativos (DL), varios sobre la minería informal e ilegal. Pero uno que ha despertado la preocupación de algunos es el DL 1293, que simplifica los pasos para la formalización minera.

Antes, para formar parte del proceso era necesario que el Ministerio de Cultura emita, en un plazo máximo de treinta días, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en la zona de explotación minera. Ahora, con esta norma, se exonera del requisito de tener un CIRA.

En recientes declaraciones a Cuarto Poder, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, justificó la exoneración de este certificado.

"Se quiere formalizar a mineros que ya están en actividad hace mucho tiempo, entonces pensar en un CIRA para ellos cuando ya tienen años trabajando ahí no tiene sentido", dijo.

A pesar de ello, del Solar señaló que "esto no significa que el Ministerio de Cultura renuncie a su responsabilidad de velar por el patrimonio arqueológico".

"Estamos trabajando de cerca con el Ministerio de Energía y Minas y en el reglamento se va a establecer claramente que cada vez que el MEM reciba una solicitud de formalización va a informar a Cultura, de manera que Cultura pueda responder y pueda verificar la zona como un monitoreo arqueológico, pero ya no con un CIRA", afirmó.

En declaraciones a LaMula.pe, el abogado Iván Lanegra explicó que los CIRA fueron creados para prevenir daños al patrimonio arqueológico; es decir, son certificados que se supone deben ser tramitados antes de iniciada la actividad minera, por lo que carecen de sentido en casos de zonas ya explotadas.

Sin embargo, el exadjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo señaló la necesidad de que en los casos en los que se detecten daños al patrimonio producto de la actividad extractiva se deben crear "instrumentos correctivos arqueológicos", como ocurre en los temas ambientales. "El Ministerio debe incluir estos instrumentos. Se tiene que resolver en el Reglamento", dijo.

Además, Lanegra sostuvo que los costos de las supervisiones deben ser responsabilidad de quien realiza la actividad minera. Y, en los casos en los que se detecten daños, las eventuales reparaciones también deben ser pagadas por los mineros. "Si se identificara que durante la actividad minera se afectó al patrimonio, se debe denunciar por delito contra el patrimonio", agregó. 

Todos estos detalles no se encuentran en el DL 1293. Estos vacíos, como dijo Lanegra, deberían ser resueltos en el Reglamento de esta norma. Pero, afirma, hay un problema de fondo no resuelto:

"La legislación anterior no lo resolvió y creo que esta tampoco lo va a hacer. El problema de fondo es la enorme debilidad del Estado en la implementación de las medidas necesarias en un lugar donde existe una enorme carencia de instituciones mínimas para poder llevar a cabo esta labor. El Estado ha tenido enormes dificultades para poder luchar contra una actividad ilegal que es abierta, una enorme incapacidad de controlar lo que ocurre en ese territorio. Las estrategias policiales tampoco han sido efectivas".

Para Lanegra, este problema no se resuelve con la simple modificación de las reglas de la formalización minera haciéndolas más flexibles. "Eso lo único que hace es consolidar la situación que hoy día existe. Como se dan cuenta de que no pueden tener éxito en formalizar a un nivel de exigencia más alto, bajan el nivel de exigencia para que más personas puedan formalizarse", señaló.

El programa 'Oro Limpio' de PPK prometía que la formalización minera iba a incluir la recuperación de áreas destruidas:

¿Mejorará el tema ambiental con los decretos sobre minería informal? Lanegra considera que "el panorama parece que va a seguir siendo, en los hechos, muy parecido, aunque en la forma pareciera que más gente se formalice". "La fotografía de los impactos negativos va a seguir igual aunque en los papeles habrá más gente formalizada", afirmó.

Este DL 1293, así como los demás decretos legislativos, deberán pasar por la Comisión de Constitución del Congreso, cuya presidencia está en manos de Fuerza Popular. No podemos saber de antemano la posición de la bancada fujimorista sobre este decreto, pero sí recordamos que durante la campaña electoral Keiko Fujimori firmó un compromiso con los mineros informales.


(Foto de portada: Agencia Andina)


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