El viernes 6 de enero, se publicó en El Peruano el Decreto Legislativo 1326 (al amparo de las facultades especiales que le otorgó el Congreso) que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y, en ese contexto, crea la Procuraduría General del Estado (PGE), órgano que tendrá autonomía funcional, económica, técnica y administrativa.
Entre sus principales funciones destaca la de "absolver consultas, formular opinión vinculante y proponer modificatorias normativas en materia de defensa jurídica del Estado", así como coordinar "los operativos de interdicción donde intervengan los procuradores públicos con las instituciones competentes y conforme a ley". También se le otorgó la facultad de designar a los procuradores públicos tras el proceso de selección de Consejo Directivo (órgano colegiado de mayor jerarquía de la PGE).
La creación de este órgano llega en una atmósfera particularmente crítica: la investigación del Ministerio Público a la empresa brasileña Odebrecht, cuyo directivos reconocieron, ante el sistema judicial de Estados Unidos, haber pagado sobornos a funcionarios estatales para ganar las licitaciones de obras públicas.
El punto de la norma que ha despertado discrepancias es el hecho de que, según la norma, el procurador general del Estado será nombrado por el mandatario, en este caso, por Pedro Pablo Kuczynski.
Sobre este tema hay que recordar que la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen de reforma constitucional que creaba la Procuraduría General de la República (una entidad parecida a la PGE). Había una diferencia sustancial, sin embargo: el titular de la Procuraduría General de la República sería elegido por el Parlamento tras recibir propuestas del Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo y la Contraloría.
Al respecto, la legisladora Yeni Vilcatoma dijo a Perú 21 que ninguna de las propuestas era adecuada porque, en ambas, la independencia jurídica se ve afectada. "Debería ser elegido ajeno al poder político, de lo contrario no se garantiza su autonomía", señaló.
Una perspectiva distinta tiene Alfredo Quintanilla, legislador del Frente Amplio, quien se mostró a favor de que la designación sea responsabilidad del mandatario.
"El procurador es el abogado del Estado, entonces este tiene que tener relación en su nominación con quien nos gobierna, porque si vamos a abrir la posibilidad de que el procurador sea elegido por otra instancia, como el Congreso o la Defensoría (del Pueblo) o la Procuraduría, se está restando la posibilidad de defensa", expresó a la agencia Andina.
Citado al Congreso
Por lo pronto, Fernando Zavala, jefe del Gabinete, explicará el próximo miércoles 11 de enero, ante la Comisión de Constitución del Congreso, sobre la pertinencia de algunos decretos que han sido cuestionados.
[Foto de portada: Flick de la Presidencia de la República]
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